Delitos contra la salud pública

Son aquellos delitos que atentan contra la salud colectiva y causan, por tanto, un perjuicio a la sociedad. El delito más común es el de tráfico de drogas, sustancias psicotrópicas o estupefacientes.

Así, se castiga la elaboración de sustancias nocivas para la salud o productos químicos que puedan causar estragos, medicamentos o productos sanitarios sin autorización, incluso su distribución, elaboración de documentos falsos relacionados con medicamentos o productos sanitarios, o fraudes alimentarios.

Se condena, además, no sólo el tráfico o la venta de estas sustancias, sino también la de sus precursores, así como los actos preparatorios de dichas sustancias.

Existen determinados casos donde la condena se pueda ver incrementada en uno o dos grados, entre ellos, cuando el acusado sea un funcionario público, educador, facultativo, autoridad, trabajador social y que, además, actuase en la ejecución de su profesión. También, en el caso de que el culpable participe en otras actividades o bandas organizadas, cuando los hechos se hayan realizados en establecimientos públicos, o, si las sustancias por la que se cometió el delito, han sido facilitadas a disminuidos psíquicos, a menores de 18 años o a personas sometidas a tratamiento de rehabilitación.

Además, es significativo que en los casos que en que la cantidad de la sustancia sea de notoria importancia, que haya sido mezclada, adulterada o manipulada aumentando el posible daño para la salud, se imponga también una condena mayor.

Por el contrario, si se demuestra que la persona ha abandonado voluntariamente sus actividades delictivas, o colabora activamente con las autoridades para impedir la producción del delito, obtener pruebas decisivas para la identificación o captura de otros responsables o se trata de una persona drogodependiente en el momento de la comisión del delito, se podrá luchar por la imposición de una pena inferior en uno o dos grados a la señalada en el tipo normal del delito.

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