Asistimos como defensa al macrojuicio por delito de fraude contra la Seguridad Social.

48 acusados, 23 abogados, una juez, dos fiscales, un secretario, un agente judicial y cerca de 15 periodistas son algunas de las cifras del primer juicio realizado en Segovia fuera de las sedes judiciales.

Macrojuicio fraude contra Seguridad Social

El salón de actos del edifico del INSS (Instituto Nacional de la Seguridad Social) en el barrio de la Comunidad de Villa y Tierra de Segovia, acoge la vista oral en la que un empresario de la construcción se enfrenta a delitos por falsedad en documento público y otro por defraudación continuada contra la Seguridad Social. La falta de espacio tanto en la Audiencia Provincial como en el juzgado de lo penal ha hecho que se traslade el escenario para juzgar esta macro causa.

Los hechos se remontan entre los años 2009 y 2012 cuando según la fiscalía H. M. P., empresario de la construcción, facilitaba contratos falsos a 47 trabajadores extranjeros a los que contrataba pero sin dar de alta en el la Seguridad Social. Contratos que los acusados usaban para recibir subvenciones y prestaciones. Contratos que generaron una deuda de 569.120 euros con la Seguridad Social.

El empresario en su declaración ha reconocido todos los delitos que a los que se enfrenta al igual que los ciudadanos extranjeros que se sentaban en el banquillo. El empresario se enfrenta a una pena de casi cuatro años de cárcel. Dos años por un delito continuado de falsedad en documento oficial y un año y nueve meses por un delito contra la Seguridad Social además de un millón de euros de multa. Mientras el resto de acusados se enfrentan a un año de prisión y ocho meses de multa con una cuota diaria de 12 euros.

La intención de la fiscalía en sus conclusiones finales será, previsiblemente, una rebaja de condenas atendiendo al reconocimiento y ratificación de los acusados de los delitos y debido del tiempo transcurrido entre la comisión de los hechos y este juicio.

Esta macrocausa es el resultado de la operación “Aquileo” llevada a cabo por la Guardia Civil desarrollada en varias provincias por las sospechas que levantaba a los agentes por el elevado número de contratos para extranjeros que se realizaban desde una empresa constructora de nuestra provincia.

Este juicio viene a poner de manifiesto la necesidad de la provincia para contar con una sede judicial única con los medios técnicos y los espacios necesarios para un correcto desarrollo de los juicios y de las tereas administrativas de jueces y funcionarios.

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Alvaro Prieto Abogado penalista

Abogado especialista en derecho penal
Colegiado por el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (nº 131239 )

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