La presunción de inocencia es ese derecho inherente a toda persona que ha sido acusada de cometer una infracción penal, conforme al cual, nadie puede ser declarado culpable sin que haya una sentencia firme tras un juicio justo.
Para entender mejor qué es este principio, además de saber qué es la presunción de inocencia, es importante conocer cómo se regula en nuestro país, por qué es tan importante a la hora de preparar un juicio y qué diferencias existen entre la presunción de inocencia y el principio in dubio pro reo.
Qué es el principio de presunción de inocencia.
Podemos identificar el principio de presunción de inocencia con la proverbial frase de “nadie es culpable hasta que se demuestre lo contrario”.
Una definición clara de este principio constitucional es la de aquel derecho que tiene todo acusado a no ser condenado sin un juicio previo. Es decir, cualquier procesado no podrá ser considerado culpable si esto no se demuestra en juicio.
Este principio es una de las garantías básicas sobre las que se construye el sistema penal de un Estado de derecho, ya que protege a la persona frente al poder punitivo mientras no se acredite su responsabilidad.
Cómo se regula y por qué es tan importante a la hora de preparar un juicio.
La presunción de inocencia en España la encontramos regulada en el artículo 24.2 de la Constitución Española, en concreto, en el apartado referente a los derechos fundamentales. Se encuentra recogida en el Título I (de los derechos y deberes fundamentales), Capítulo II (Derechos y libertades), Sección 1ª (de los derechos fundamentales y de las libertades públicas), señalando lo siguiente:
Asimismo, todos tienen derecho al Juez ordinario predeterminado por la ley, a la defensa y a la asistencia de letrado, a ser informados de la acusación formulada contra ellos, a un proceso público sin dilaciones indebidas y con todas las garantías, a utilizar los medios de prueba pertinentes para su defensa, a no declarar contra sí mismos, a no confesarse culpables y a la presunción de inocencia.
También lo encontramos regulado en la Ley Orgánica del Poder Judicial, la cual hace referencia indirectamente a este principio en su artículo 11.1:
En todo tipo de procedimiento se respetarán las reglas de la buena fe. No surtirán efecto las pruebas obtenidas, directa o indirectamente, violentando los derechos o libertades fundamentales.
Además de en nuestro ordenamiento jurídico, la presunción de inocencia también está reconocida en distintos tratados internacionales en materia de derechos humanos, como ocurre con el artículo 11.1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 o con el artículo 6.2 del Convenio Europeo de Derechos Humanos de 1950. El artículo 11.1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos señala que:
Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la Ley y en un juicio público en el que se hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa.
En lo referente al alcance que tiene el derecho de presunción de inocencia, este es de gran importancia, especialmente para alguien que está siendo procesado o investigado por un delito. De esta forma, se consigue que la persona que ha sido denunciada por cometer un delito se presuma inocente hasta que se demuestre lo contrario por sentencia firme. Es decir, se debe demostrar su culpabilidad presumiéndose su inocencia.
La figura del abogado cobra gran importancia especialmente en este sentido, donde un buen asesoramiento y una defensa sólida y bien trabajada pueden resultar claves a la hora de decantar la balanza a favor del presunto reo.
De no existir la presunción de inocencia, las penas del delito podrían recaer directamente sobre una persona que está siendo investigada, siendo acusada automáticamente de haber cometido un delito sin haberse probado su autoría o responsabilidad.
En definitiva, si no existiera el principio de presunción de inocencia, estaríamos ante una situación de injusticia para todas aquellas personas inocentes que son acusadas de cometer un delito sin tener pruebas.
Cómo se enerva la presunción de inocencia: la prueba de cargo.
La presunción de inocencia no es absoluta: puede desvirtuarse, pero solo mediante prueba de cargo válida. Para condenar, el tribunal necesita apoyarse en una actividad probatoria de contenido incriminatorio que sea lícita, obtenida con todas las garantías y practicada, con carácter general, en el juicio oral, bajo los principios de contradicción, inmediación y publicidad.
La doctrina del Tribunal Constitucional exige una mínima actividad probatoria de cargo para que una condena respete este derecho fundamental. Si esa prueba de cargo no existe, resulta insuficiente o se ha obtenido vulnerando derechos fundamentales, la presunción de inocencia debe prevalecer y el resultado ha de ser la absolución.
En cuanto a la carga de la prueba, esta recae sobre quien acusa. El acusado no tiene que demostrar su inocencia, porque ya se presume; es la acusación la que debe acreditar los hechos y la culpabilidad. Por eso la presunción de inocencia se relaciona de forma estrecha con el derecho a la tutela judicial efectiva del artículo 24.1 de la Constitución Española.
En el proceso penal rige, además, un estándar de prueba exigente: la condena requiere que la culpabilidad quede acreditada más allá de toda duda razonable. Solo cuando existe verdadera prueba de cargo el juzgador puede formar su convicción y dictar una sentencia condenatoria. En caso contrario, la duda no perjudica al acusado.
Diferencias entre la presunción de inocencia y el principio in dubio pro reo
La principal diferencia entre la presunción de inocencia y el principio in dubio pro reo es su regulación legal. La presunción de inocencia es un principio constitucional reconocido como derecho fundamental. De este modo, la presunción de inocencia en la Constitución queda reflejada en su artículo 24.2.
Junto a la doctrina del Tribunal Constitucional, el Tribunal Supremo también se ha referido en su jurisprudencia a la valoración de la prueba como un convencimiento del órgano judicial, de forma que nadie podrá ser declarado culpable mientras no se demuestre que lo es.
Por su parte, el principio in dubio pro reo se constituye como una manifestación del proceso jurídico penal, solo aplicable cuando el juzgador, después de valorar las pruebas, tiene dudas sobre la culpabilidad del acusado. En resumidas cuentas, y como señala este principio penal: “en caso de duda, a favor del reo”.
Preguntas frecuentes sobre la presunción de inocencia.
¿Dónde se regula la presunción de inocencia en España? Se regula en el artículo 24.2 de la Constitución Española, dentro de los derechos fundamentales, y se reconoce también en la Declaración Universal de Derechos Humanos (artículo 11.1) y en el Convenio Europeo de Derechos Humanos (artículo 6.2).
¿Cuándo se pierde la presunción de inocencia? Solo se pierde cuando existe una sentencia firme de condena, dictada tras un juicio con todas las garantías y basada en prueba de cargo válida. Hasta ese momento, toda persona acusada se presume inocente.
¿Sobre quién recae la carga de la prueba? La carga de la prueba recae sobre la acusación. El acusado no tiene que probar su inocencia, ya que se presume; corresponde a quien acusa acreditar los hechos y la culpabilidad.
¿Qué diferencia hay entre presunción de inocencia e in dubio pro reo? La presunción de inocencia es un derecho fundamental de rango constitucional que sitúa la carga de la prueba en la acusación. El in dubio pro reo es una regla de valoración que el juez aplica cuando, tras examinar las pruebas, mantiene dudas sobre la culpabilidad del acusado.
Ahora que conoces un poco mejor qué es la presunción de inocencia, dónde está regulada o por qué es tan importante a la hora de preparar un juicio, te animo a que te pongas en contacto conmigo para estos casos. El abogado penal es una figura esencial con la que vas a poder estar bien asesorado y disponer de una defensa sólida.
Si te enfrentas a un procedimiento penal, cuéntame tu caso. Derecho penal en exclusiva, atención 24 horas.
Álvaro Prieto
Abogado especialista en derecho penal en Murcia Colegiado por el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (nº 131239 )
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