El principio de presunción de inocencia implica que es quien acusa a alguien de haber cometido un delito quien debe probar la culpabilidad. Tanto para ejercitar la acusación como para llevar a cabo la defensa, las partes tienen derecho a presentar todo tipo de pruebas que hagan valer su derecho, pero no se acepta la prueba ilícita.

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Qué es una prueba ilícita en el proceso penal

La terminología que se usa dentro del campo doctrinal y jurisprudencial no es uniforme en esta materia. Con frecuencia se utilizan los conceptos de prueba ilegal e ilícita, pero también se habla de pruebas ilegítimamente obtenidas, pruebas ilegalmente obtenidas y hasta de prueba prohibida.

De hecho, no existe unanimidad en la doctrina sobre lo que son pruebas ilícitas, y esto plantea un problema para todos los juristas.

Para intentar resolver esta cuestión de forma sencilla, vamos a prestar atención a lo que dice el artículo 11.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Según este precepto, en los procedimientos judiciales no van a surtir efecto las pruebas que se hayan obtenido de una manera que directa o indirectamente violente los derechos o libertades fundamentales de las personas. Así lo ha defendido también el Tribunal Constitucional.

Si se estima que estamos ante un caso de prueba ilícita, se decreta la inadmisión de la misma en el proceso. Si la prueba ya forma parte del proceso y se determina después su ilicitud, entonces se prohíbe que sea tenida en cuenta por el juzgador a la hora de tomar su decisión.

En qué se diferencia de una prueba irregular

Es importante tener en cuenta que prueba ilícita y prueba irregular no son lo mismo. La prueba ilícita implica que durante su obtención o práctica se han vulnerado derechos o libertades fundamentales de alguien, mientras que la prueba irregular es aquella en cuya obtención, propuesta o práctica se ha incurrido en una infracción del proceso, pero en ningún caso se han visto afectados los derechos fundamentales de las personas.

Para diferenciar entre unas y otras y sus consecuencias, se aplica lo que se conoce como la “doctrina de los frutos del árbol envenenado”. 

El Tribunal Supremo ha destacado que las diferencias no son apreciables en primer grado, por lo que deben analizarse en segundo grado, poniendo las pruebas controvertidas en relación con otras pruebas relacionadas con ellas.

Aplicando la doctrina de los frutos del árbol envenenado, si una prueba es declarada ilícita, serán igualmente ineficaces las pruebas derivadas de ella, porque se considera que están también contaminadas. Sin embargo, si la prueba es declarada irregular, no se produce esta consecuencia.

Cuándo se considera que una prueba es ilícita según la legislación

La legislación determina que en todo tipo de procedimientos judiciales se van a respetar siempre las reglas de la buena fe. En consecuencia, no van a surtir efectos aquellas pruebas que se hayan obtenido, de forma directa o indirecta, vulnerando derechos o libertades fundamentales de las personas. 

La ley se refiere expresamente a pruebas obtenidas directa o indirectamente con vulneración de derechos. La expresión “indirectamente” hace referencia a que también se invalidan los hechos que sean directamente conocidos como consecuencia de una prueba que está viciada. 

En todo caso, si la prueba es considerada ilícita, no va a ser tenida en cuenta dentro del proceso penal, porque afectaría directamente y de forma negativa a alguna de las partes implicadas.

Un ejemplo de prueba ilícita sería la obtenida durante un registro llevado a cabo en un domicilio particular, si no se contaba con la previa autorización judicial para llevarlo a cabo.

Excepciones a la exclusión de la prueba ilícita

Existen algunos casos en los que la prueba ilícita, derivada u obtenida de forma indirecta, sí se puede incorporar y ser tenida en cuenta en el proceso.

Esto sucede si no hay un nexo o conexión causal entre la prueba ilícita primaria y la prueba derivada, de forma que esta última no se puede considerar como un “fruto” contaminado. Para que esto suceda, la prueba derivada tiene que haber sido obtenida a través de una fuente independiente y legal.

Otra excepción es la teoría del descubrimiento inevitable. Cuando, a través del resto de pruebas obtenidas mediante diligencias lícitas, se puede llegar a la misma conclusión que a través de la prueba ilícita.

Hay más excepciones como la regla de la buena fe, la regla de la exclusión del hallazgo casual y la confesión voluntaria del inculpado. Lo que todas ellas tienen en común es que un conocimiento que se ha obtenido a través de un medio que era originariamente ilícito, se va a incorporar al proceso.

Como ves, todo lo relacionado con el concepto de prueba ilícita es un tema complejo, pero de gran importancia, porque afecta directamente a quienes son parte en un proceso penal. Si necesitas ayuda para abordar un proceso legal de este tipo, estoy a tu disposición.

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Alvaro Prieto

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Abogado especialista en derecho penal
Colegiado por el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (nº 131239 )

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