Gestionar el patrimonio de otro, ya sea una sociedad, una comunidad de propietarios o los ahorros de un familiar con poder notarial, te expone a una querella por administración desleal cuando alguien considera que te excediste. Pero una decisión que salió mal no es un delito, y la responsabilidad penal exige mucho más que un mal resultado. Como abogado penalista en Alicante, demuestro qué facultades tenías, por qué tomaste cada decisión y que no hubo un exceso que causara el perjuicio que se te atribuye, y llevo tu defensa en persona hasta la sentencia.
4,9 en Google · Más de diez años de experiencia en defensa penal · Despacho junto a la Ciudad de la Justicia de Alicante · Trato directo con el abogado
Infringir las facultades de administrar un patrimonio ajeno, excediéndose, y causarle un perjuicio
Prisión cuando el perjuicio supera los 400 euros: las penas de la estafa
Si concurre una agravante, por ejemplo un perjuicio superior a 50.000 euros
La discrecionalidad empresarial protege al administrador que decide de buena fe y con información
La administración desleal castiga a quien, teniendo facultades para administrar un patrimonio ajeno, las infringe excediéndose y causa un perjuicio. Puede cometerla cualquiera que gestione bienes de terceros por su cargo o por encargo. En la provincia, estas son las situaciones que más llegan a mi despacho.
Préstamos de la sociedad al administrador, retribuciones que el socio minoritario no reconoce o gastos personales cargados a la empresa. Analizo los estatutos, los acuerdos de la junta y la contabilidad para separar lo autorizado de lo que no lo estaba.
En la Costa Blanca es frecuente que un hijo o un gestor administre, con poder notarial, el patrimonio de una persona mayor, a menudo residente extranjero. Si los herederos discuten los gastos, reconstruyo qué permitía el poder y en qué se empleó cada pago.
Contratar una obra o un proveedor sin acuerdo de la junta puede denunciarse como exceso en la administración. Reviso las actas, el contrato de administración y si el gasto benefició a la comunidad.
Vender activos o contratar servicios con una empresa relacionada no es delito por sí mismo. La clave es si las condiciones fueron de mercado y si se causó un perjuicio real a la sociedad administrada.
Mi estrategia de defensa se apoya en tres preguntas: qué facultades y funciones tenías, si te excediste de ellas y si ese exceso causó un perjuicio. Mientras tanto rige tu presunción de inocencia: es la acusación quien tiene que probar los tres elementos.
Estatutos, escritura de poder, contrato de gestión o acuerdos de la junta. Lo que estaba permitido no puede ser delito, aunque el resultado no gustara a los socios o a los herederos.
El artículo 226 de la Ley de Sociedades de Capital protege las decisiones de negocio tomadas de buena fe, sin interés personal, con información suficiente y con un procedimiento adecuado. Junto al deber de lealtad del artículo 227, marca el ámbito de actuación del administrador. Una mala decisión empresarial no es un delito.
La cuantía suele calcularse sin descontar contraprestaciones, gastos justificados o beneficios para el patrimonio administrado. Un informe pericial económico sobre el valor real de cada operación cambia a menudo la cifra y la pena.
Archivo, absolución o, si existe un perjuicio real, una reparación que funcione como atenuante y un acuerdo que cierre también el conflicto mercantil o familiar. Te explico cada opción sin prometer un resultado.
El artículo 252 del Código Penal castiga a los que, teniendo facultades para administrar un patrimonio ajeno, emanadas de la ley, encomendadas por la autoridad o asumidas mediante un negocio jurídico, las infrinjan excediéndose en su ejercicio y causen así un perjuicio al patrimonio administrado. Se castiga con las penas de la estafa:
| Situación | Pena | Qué conviene revisar |
|---|---|---|
| Perjuicio de hasta 400 euros | Multa de 1 a 3 meses (delito leve) | Cómo se ha calculado el perjuicio y qué gastos están justificados |
| Perjuicio superior a 400 euros | Prisión de 6 meses a 3 años | Si había facultades, si se excedieron y si el exceso causó el daño |
| Con agravante (por ejemplo, más de 50.000 euros) | Prisión de 1 a 6 años y multa de 6 a 12 meses | La pericial de cuantía y si la agravante está acreditada |
El antiguo artículo 295, la administración desleal societaria, fue derogado en 2015: hoy todos estos casos se juzgan por el artículo 252. A la pena se suma la obligación de reparar el perjuicio, y el conflicto suele tener también una vertiente mercantil o civil que conviene coordinar con la defensa penal. Si además se vaciaron bienes ante una insolvencia, pueden entrar en juego otras conductas, como el alzamiento de bienes.
Antes de declarar, revisemos juntos las facultades y los documentos de la gestión. Es lo que decide el caso.
Actas, informes y correos que explican por qué se decidió algo son tu mejor prueba de buena fe.
Cualquier operación nueva puede leerse como un intento de ocultar el perjuicio y justificar un embargo.
Un reconocimiento por escrito puede usarse después como prueba en el procedimiento penal.
Es el origen de muchas acusaciones y lo primero que revisa la acusación.
Lo que se diga en una junta o en un pleito mercantil puede influir en la causa penal.
Antes de dar explicaciones hay que saber qué operaciones se te atribuyen y con qué documentación.
En la apropiación indebida quien recibe el dinero se lo queda o lo desvía. En la administración desleal quien gestiona un patrimonio ajeno se excede en sus facultades y le causa un perjuicio, aunque no se quede con nada.
No. Equivocarse en una decisión de negocio tomada de buena fe y con información suficiente no es administración desleal. El delito exige infringir las facultades excediéndose y causar con ello el perjuicio.
Sí, si se considera que te excediste de lo que el poder permitía. Por eso lo primero es leer el poder y reconstruir en qué se usó cada cantidad.
La causa no se archiva automáticamente, pero reparar el perjuicio antes del juicio es una atenuante que puede reducir mucho la pena y facilitar un acuerdo sobre la indemnización.
Con la pena básica, el plazo de prescripción es de cinco años desde que se cometieron los hechos; si es agravada, puede ser mayor. En gestiones largas hay que fijar bien cuándo se produjo cada operación.
Sí. El juez puede exigir una fianza o embargar bienes para asegurar la responsabilidad civil. En esa fase defiendo que las medidas sean proporcionadas a las circunstancias.
Sí. Como abogado, represento a socios, comunidades y familias víctimas de una gestión desleal que quieren ejercer la acusación, siempre que no defienda a la otra parte en el mismo asunto.

Me dedico en exclusiva al derecho penal desde 2015, con especial dedicación al derecho penal económico. Soy graduado en Derecho por la UCAM, licenciado en Criminología por la Universidad de Murcia y colegiado en el ICAMUR (n.º 8023) y en el ICAM (n.º 131239). En los procedimientos por administración desleal trabajo con la contabilidad, las actas y los poderes de cada asunto, porque es ahí donde se ve si hubo exceso.
Mi despacho de Alicante está en la calle Capitán Dema, 3, junto a la Ciudad de la Justicia. El asesoramiento, la estrategia y la defensa en el juzgado los llevo yo, sin delegarlos en un equipo de especialistas que no conoces, y todo lo que me cuentes queda bajo secreto profesional.
Las querellas por administración desleal se instruyen en el Juzgado de Instrucción del lugar de los hechos y se juzgan en un Juzgado de lo Penal o, si la pena pedida supera los cinco años, en la Audiencia Provincial de Alicante. Mi despacho está junto a la Ciudad de la Justicia de Alicante y llevo asuntos en Elche, Benidorm, Torrevieja, Orihuela, Denia, Elda y el resto de partidos judiciales.
Además de la administración desleal, defiendo en Alicante casos de apropiación indebida, estafa, delitos societarios, delitos fiscales y blanqueo de capitales. Puedes ver todas las áreas en delitos económicos en Alicante.
Dime qué patrimonio administrabas, con qué facultades y qué se te reprocha. Te contesto yo en tu primera consulta, por teléfono, WhatsApp o correo.
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