Una llamada a un concejal para acelerar una licencia de actividad, la amistad con un técnico municipal que acaba en un contrato o un gestor que cobra por «mover» un trámite pueden convertirse en una investigación por tráfico de influencias. En una provincia con tanta relación entre empresas, ayuntamientos y la Diputación, la línea entre una actuación legítima y un delito no siempre está clara. Como abogado penalista en Alicante, defiendo a funcionarios, cargos públicos, empresarios e intermediarios desde la primera citación del procedimiento penal.
4,9 en Google · Más de diez años de experiencia en defensa penal · Despacho junto a la Ciudad de la Justicia de Alicante · Trato directo con el abogado
Prisión por influir en un funcionario para conseguir una resolución que genere un beneficio económico (arts. 428 y 429 CP)
Multa calculada sobre el beneficio perseguido u obtenido
Inhabilitación especial si quien influye es autoridad o funcionario
Prisión por ofrecerse a influir a cambio de dinero u otra remuneración (art. 430)
Estas son las situaciones por las que más clientes llegan a mi despacho. En todas ellas, la defensa empieza por separar una relación personal o una petición ordinaria de una presión ilícita sobre quien decide, analizando las circunstancias de cada caso.
En la hostelería y el comercio de la costa, conseguir una licencia o una autorización a tiempo es vital. Insistir ante el ayuntamiento no es delito si no hay prevalimiento de una relación de superioridad o personal para forzar la resolución administrativa.
Empresas que trabajan de forma habitual con la administración y que tienen relación personal con cargos o técnicos. Analizo la documentación de la adjudicación y si respondió a criterios objetivos.
Quien ofrece su intermediación para «mover» un trámite a cambio de dinero puede responder por el artículo 430, aunque no llegue a influir en nadie. Reviso el ofrecimiento, qué se cobró y si existía una actividad profesional legítima detrás.
Un concejal o un técnico que influye en otro funcionario prevaliéndose del ejercicio de su cargo responde con prisión, multa e inhabilitación. Reconstruyo la relación jerárquica real y qué intervención tuvo en la decisión.
El Código Penal castiga a quien influya en un funcionario público o autoridad prevaliéndose de una situación derivada de su cargo o de una relación personal, para conseguir una resolución que le pueda generar, directa o indirectamente, un beneficio económico para sí o para un tercero:
| Delito | Pena | Qué conviene revisar |
|---|---|---|
| Autoridad o funcionario que influye (art. 428) | Prisión de 6 meses a 2 años, multa del tanto al duplo e inhabilitación especial de 5 a 9 años | Si hubo prevalimiento del cargo o de una relación jerárquica |
| Particular que influye (art. 429) | Prisión de 6 meses a 2 años y multa del tanto al duplo | Si la relación personal se usó para presionar la decisión |
| Si se obtiene el beneficio perseguido | Penas en su mitad superior | Si el beneficio llegó a producirse y su cuantía |
| Ofrecerse a influir a cambio de una remuneración (art. 430) | Prisión de 6 meses a 1 año | Qué se ofreció y si había un servicio profesional real |
Si los hechos se cometen a través de una empresa, la persona jurídica también puede asumir responsabilidad penal, con multa y la prohibición de contratar con la administración. Y si además hubo un pago o una entrega de dinero al funcionario, puede concurrir un delito de cohecho, que es otra de las formas de corrupción que castiga el Código Penal.
Antes de declarar, revisemos la documentación y la relación con quien decidió. Ahí está la defensa.
El tráfico de influencias exige varios requisitos que la acusación debe probar: una influencia real, el prevalimiento de una situación de superioridad o de una relación personal, una resolución concreta y la búsqueda de un beneficio económico. Mi estrategia examina cada uno en todas las fases del proceso, desde la querella o la denuncia hasta el juicio.
Fechas, informes, solicitudes y la resolución final. Si la decisión se apoyó en criterios técnicos objetivos, la supuesta influencia pierde fuerza.
Conocer a alguien o tener amistad con un cargo no es delito. La acusación tiene que demostrar que esa relación se usó para presionar al funcionario, no solo que existía. Así lo exige la jurisprudencia del Tribunal Supremo.
Sin la búsqueda de un beneficio económico no hay tráfico de influencias. Cuantifico lo que se dice obtenido y si dependía realmente de la resolución.
Archivo, absolución, una conformidad negociada o una calificación menos grave. Te explico cada opción y sus consecuencias, incluida la inhabilitación, la suspensión de la condena o la prohibición de contratar, sin prometer un resultado.
Una petición de información o una consulta ordinaria no lo es. El delito exige influir prevaliéndose de una relación para conseguir una resolución con beneficio económico. Cada caso depende de la conducta concreta: qué se pidió y cómo.
En el cohecho hay una dádiva o retribución al funcionario. En el tráfico de influencias hay una presión basada en el cargo o en una relación personal, sin que necesariamente se pague nada.
Prestar servicios profesionales de gestión es lícito. Lo que castiga el artículo 430 es ofrecerse a influir en funcionarios a cambio de dinero. La diferencia está en qué se ofreció realmente.
El delito puede existir aunque no se obtenga el beneficio; si se obtiene, la pena se impone en su mitad superior. Por eso importa tanto lo que se pretendía como lo que se logró.
La Fiscalía puede abrir diligencias propias o actuar en el procedimiento que inicie un juzgado. Conviene conocer pronto qué conversaciones y documentos tiene, porque ahí está la base de la acusación.
Sí. La persona jurídica puede ser condenada por tráfico de influencias y quedar sin poder contratar con la administración durante años. Su defensa conviene coordinarla con la tuya.
Sí. Como abogado, represento también a empresas competidoras y entidades perjudicadas que quieren ejercer la acusación, siempre que no defienda a la otra parte en el mismo asunto.
El contexto completo de la conversación suele favorecer más que perjudicar; borrarlo te deja sin defensa.
Puede interpretarse como un intento de coordinar versiones.
Hay que poder explicar con documentos qué se pidió y por qué.
La impugnación de la resolución o de la adjudicación puede influir en la causa penal.
Las declaraciones en medios o redes se incorporan a las diligencias.
Antes de dar tu versión hay que saber qué conversaciones y documentos tiene la acusación.

Me dedico en exclusiva al derecho penal desde 2015, con especialización en derecho penal económico. Soy graduado en Derecho por la UCAM, licenciado en Criminología por la Universidad de Murcia y colegiado en el ICAMUR (n.º 8023) y en el ICAM (n.º 131239). En estos procedimientos trabajo con el expediente administrativo y con las comunicaciones entre las partes como prueba central, con dedicación personal a cada asunto.
Mi despacho de Alicante está en la calle Capitán Dema, 3, junto a la Ciudad de la Justicia. El asesoramiento, la asistencia y la defensa ante los tribunales los llevo yo, sin delegarlos en un equipo, y todo lo que me cuentes queda bajo secreto profesional.
Estos delitos se instruyen en el Juzgado de Instrucción del lugar donde está la administración afectada y se juzgan en un Juzgado de lo Penal o en la Audiencia Provincial de Alicante. Si el investigado es un aforado autonómico, la competencia corresponde al Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana. Llevo procedimientos en Alicante, Elche, Benidorm, Torrevieja, Orihuela, Denia, Elda y el resto de la provincia.
Además del tráfico de influencias, defiendo en Alicante casos de cohecho, prevaricación, malversación y blanqueo de capitales. Si tu asunto toca otra de estas áreas, puedes consultar mis páginas de abogado de cohecho y prevaricación en Alicante y de abogado de delitos contra la administración pública en Alicante.
Dime qué relación tienes con la administración afectada, qué resolución se discute y qué te han notificado. Te contesto yo en tu primera consulta o cita, por teléfono, WhatsApp o correo.
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