Un descuadre en la tesorería de un ayuntamiento pequeño, dietas o comidas que el pleno no reconoce, una subvención que una asociación no justificó o el uso privado de un vehículo municipal pueden acabar en una investigación por malversación. Es uno de los delitos contra la administración con penas más altas en España, y la inhabilitación acompaña casi siempre a la condena. Como abogado penalista en Alicante, defiendo a cargos públicos, funcionarios y administradores de fondos públicos desde la primera citación, cuando todavía se puede orientar el proceso.
4,9 en Google · Más de diez años de experiencia en defensa penal · Despacho junto a la Ciudad de la Justicia de Alicante · Trato directo con el abogado
Cárcel por quedarse o consentir que otro se quede con patrimonio público, más inhabilitación de 6 a 10 años (art. 432)
Prisión si el perjuicio supera los 50.000 euros o causa un daño grave al servicio público
Dar un uso privado temporal a lo que es de todos, sin ánimo de quedárselo, tiene pena menor (art. 432 bis)
Responden también los particulares encargados de fondos o efectos públicos (art. 435)
El artículo 432 del Código Penal castiga a la autoridad o funcionario público que se apropie o consienta que un tercero se apropie del patrimonio público que tenga a su cargo por razón de sus funciones. La reforma de 2022 distingue entre apropiarse, dar un uso temporal privado y dar a los fondos un destino público distinto:
| Conducta | Pena | Qué conviene revisar |
|---|---|---|
| Apropiación del patrimonio público (art. 432.1) | Prisión de 2 a 6 años e inhabilitación especial de 6 a 10 años | Si hubo ánimo de lucro o solo un descuadre contable |
| Perjuicio superior a 50.000 euros o daño grave (art. 432.3) | Prisión de 4 a 8 años e inhabilitación absoluta de 10 a 20 años | Cómo se ha calculado el perjuicio y si hay compensaciones |
| Más de 250.000 euros | Pena en su mitad superior, pudiendo llegar a la superior en grado | La pericial de cuantía |
| Uso privado temporal sin ánimo de apropiación (art. 432 bis) | Castigo menor si se reintegra a tiempo | Si se devolvió y en qué plazo |
| Particulares encargados de fondos públicos (art. 435) | Las mismas que la malversación | Si realmente tenías a tu cargo esos fondos o bienes |
Reparar el perjuicio de forma efectiva e íntegra puede rebajar la condena, y la colaboración con la justicia también se valora. Pero el mayor riesgo para un cargo público suele ser la inhabilitación, que implica perder el puesto y no poder ejercerlo durante años.
El territorio alicantino tiene muchos municipios pequeños y medianos, mancomunidades, consorcios y empresas públicas, y la complejidad de su contabilidad explica buena parte de estas causas. Estas son las situaciones que más llegan a mi despacho de abogados.
En municipios con pocos medios, un mismo empleado o cargo maneja cobros, pagos y caja. Un descuadre se denuncia a veces como un desvío cuando es un fallo administrativo. Reconstruyo los movimientos y los registros contables.
Comidas, desplazamientos o compras cargados a las cuentas del ayuntamiento que después se discuten. Analizo si las normas internas los amparaban, si se justificaron y si tenían una finalidad pública.
En materia de subvenciones, los responsables de entidades privadas que reciben fondos públicos pueden responder por malversación si los desvían. Reviso las bases de la subvención, la justificación y el destino real del dinero.
Contrataciones, pagos a proveedores o retribuciones en sociedades públicas que se investigan como desvío de fondos. La frontera con la administración desleal o con una mala administración sin relevancia penal es la primera discusión.
En la malversación no basta con que falte dinero o con que un pago sea discutible. La presunción de inocencia es el principio del que parto: la acusación tiene que probar que tenías los fondos a tu cargo, que hubo un desvío o un uso indebido y cuál es el perjuicio real. Mi estrategia de defensa trabaja esos tres puntos en todas las fases del procedimiento, con un enfoque técnico y la contabilidad delante.
No todo el que firma un documento tiene la disposición de los fondos. Desde la fase de instrucción analizo las funciones de cada cargo, las delegaciones y quién ordenaba, intervenía y pagaba.
Facturas, mandamientos de pago, actas y extractos. Si el dinero tuvo una finalidad pública, aunque no fuera la prevista, la calificación cambia por completo.
La cifra decide el marco penal y si se aplica el tipo agravado. Un informe pericial contable revisa lo que la acusación da por perdido y, si hace falta, lo discutimos en el juicio.
Reparar a tiempo puede rebajar la condena. Te explico cuándo conviene, cómo afecta a la inhabilitación y a la ejecución de la condena y qué consecuencias tiene cada opción para tus intereses y tu libertad, sin prometer un resultado.
Antes de prestar declaración, revisemos la contabilidad y las funciones de tu cargo. Es lo que decide el caso.
No es lo mismo apropiarse de fondos públicos que destinarlos a una finalidad pública distinta de la prevista. Tras la reforma de 2022, la ley da a esas conductas tratamientos distintos, y la diferencia en la condena es muy grande.
Sí. El artículo 435 extiende la malversación a los particulares encargados por cualquier concepto de fondos, rentas o efectos públicos. Si te acusan de desviar una subvención, la clave es la justificación del dinero recibido.
Reparar el perjuicio de forma efectiva e íntegra puede rebajar la pena. No archiva la causa, pero puede cambiar mucho el resultado si se hace en el momento adecuado.
Dar un uso privado temporal a un vehículo o a otro bien público, sin ánimo de quedártelo, tiene un castigo menor que apropiarse de él. Hay que analizar qué se usó, durante cuánto tiempo y si se devolvió.
Sí. La inhabilitación se impone junto a la prisión y puede ser lo que más pese en tu vida profesional. Por eso la defensa trabaja también para evitarla o reducirla, y si hay sentencia condenatoria, preparo los recursos.
Se instruye en el juzgado del lugar de los hechos y se juzga en la Audiencia Provincial o en un Juzgado de lo Penal según la pena pedida. Si el investigado es un aforado autonómico, en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana; si es diputado o senador de las Cortes Generales, en el Tribunal Supremo.
Sí. Como abogado, represento también a entidades públicas y vecinos perjudicados que ejercen la acusación, siempre que no defienda a la otra parte en el mismo asunto.
La reparación solo cuenta si queda acreditada y se hace de forma íntegra.
Completar papeles después de los hechos puede convertirse en un delito de falsedad.
En las administraciones intervienen varias personas; cada una responde por lo que decidió.
Es una de las pruebas centrales; hay que conocerlo y discutirlo desde el inicio.
Explicar de memoria pagos de hace años provoca contradicciones con la información que ya consta en la causa.
Si hay una causa penal abierta, la necesidad de defenderse en el juzgado existe desde el primer día.
Atiendo procedimientos penales por malversación con desplazamiento a cada juzgado y a la Audiencia Provincial de Alicante cuando la causa lo exige. Llevo asuntos relacionados con ayuntamientos, mancomunidades y entidades públicas de Alicante, Elche, Benidorm, Torrevieja, Orihuela, Denia, Alcoy y el resto de la provincia.
Además de la malversación, defiendo en Alicante casos de cohecho y prevaricación, tráfico de influencias, administración desleal y fraude de subvenciones. Si tu asunto toca otra de estas áreas, puedes consultar mis páginas de abogado de delitos fiscales en Alicante y de abogado de delitos contra la administración pública en Alicante.

Me dedico en exclusiva al derecho penal desde 2015, con especialización en derecho penal económico. Soy graduado en Derecho por la UCAM, licenciado en Criminología por la Universidad de Murcia y colegiado en el ICAMUR (n.º 8023) y en el ICAM (n.º 131239). En las causas por malversación trabajo con la contabilidad pública y con peritos cuando hace falta revisar la cuantía, con un conocimiento real de cómo funciona por dentro un ayuntamiento. Entiendo la abogacía penal como un trabajo de dedicación personal a cada asunto.
Mi despacho de Alicante está en la calle Capitán Dema, 3, junto a la Ciudad de la Justicia. El asesoramiento jurídico, la asistencia y la defensa ante los tribunales los llevo yo, sin delegarlos en un equipo de letrados, con comunicación directa en cada actuación y todo lo que me cuentes bajo secreto profesional.
Dime qué cargo o función tenías, qué fondos se discuten y qué te han notificado. Te contesto yo en tu primera consulta, por teléfono, WhatsApp o correo, con total confianza y la seguridad de saber cuáles son los siguientes pasos.
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