Una licencia urbanística en un municipio de la costa, un contrato menor adjudicado a la misma empresa, una bolsa de empleo municipal o un acta de inspección que no se tramitó pueden acabar en una investigación por prevaricación o por cohecho. Para un cargo público o un funcionario, lo que está en juego no es solo la prisión: es la inhabilitación y su carrera. Como abogado penalista en Alicante, defiendo a autoridades, empleados públicos y empresas desde la primera citación, con una estrategia construida sobre el expediente administrativo y un análisis previo de toda la información disponible.
4,9 en Google · Más de diez años de experiencia en defensa penal · Despacho junto a la Ciudad de la Justicia de Alicante · Trato directo con el abogado
Inhabilitación especial por prevaricación administrativa: dictar a sabiendas una resolución arbitraria (art. 404 CP)
Prisión por cohecho para realizar un acto contrario a los deberes del cargo, más multa e inhabilitación (art. 419)
Informar favorablemente licencias o planes ilegales añade prisión de 1 año y 6 meses a 4 años (art. 320)
El particular que ofrece o entrega la dádiva responde con las mismas penas de prisión y multa (art. 424)
En la provincia, la mayoría de estas causas por corrupción en el sector público nacen en ayuntamientos y organismos con mucha actividad urbanística, turística y de contratación. Estas son las situaciones que más llegan a mi despacho.
Licencias de obra, de primera ocupación o de actividad concedidas pese a dictámenes desfavorables, o inspecciones que no se tramitaron. La prevaricación urbanística del artículo 320 tiene una pena propia. Analizo los informes técnicos, la normativa aplicable en cada momento y quién firmó qué.
Fraccionar contratos para evitar la licitación, adjudicar siempre al mismo proveedor o modificar un contrato sin expediente se investiga como prevaricación y, a veces, como fraude en la contratación. Reconstruyo la tramitación completa y lo que dijeron Secretaría e Intervención sobre la legalidad de cada paso.
Contrataciones de personal laboral, nombramientos y bolsas de trabajo municipales que se denuncian como arbitrarias. La clave está en las bases, en quién decidía y en si había un criterio objetivo detrás de cada decisión.
Quien ofrece o entrega una dádiva a una autoridad responde con las mismas penas de prisión y multa que el funcionario, y la empresa puede asumir su propia responsabilidad penal. Si te acusan de haber pagado, analizo la prueba del pago y qué beneficio se pretendía obtener a cambio.
En estos procedimientos la prueba principal es documental: el expediente administrativo. Mi estrategia de defensa empieza por reconstruirlo entero, porque lo que la acusación presenta como una actuación arbitraria suele tener detrás dictámenes, plazos y criterios que la explican.
Solicitudes, informes técnicos y jurídicos, propuestas, decretos y notificaciones. Si la resolución se apoyó en el criterio favorable de los técnicos o de Secretaría, es muy difícil sostener que se dictó a sabiendas de su injusticia.
Que un juzgado contencioso anule una resolución no la convierte en delito. Tal como interpreta el Tribunal Supremo, la prevaricación exige una arbitrariedad clara y consciente, no una interpretación discutible de la ley.
En el cohecho hay que probar el pago o la promesa, su relación con un acto concreto del cargo y la intención. Reviso mensajes, movimientos bancarios y la cronología del expediente.
La inhabilitación es a menudo la pena más dura. Trabajo la calificación para evitarla o reducirla y te explico las consecuencias de cada opción en el proceso, sin prometer un resultado. Si hay juicio y condena, preparo los recursos.
El artículo 404 del Código Penal castiga a la autoridad o funcionario público que, a sabiendas de su injusticia, dicte una resolución arbitraria en un asunto administrativo. El cohecho castiga a quien, en el ejercicio de su cargo, solicita o recibe una dádiva o retribución, y también a quien la ofrece o entrega:
| Delito | Pena | Qué conviene revisar |
|---|---|---|
| Prevaricación administrativa (art. 404) | Inhabilitación especial de 9 a 15 años | Si la resolución era arbitraria y si se dictó a sabiendas |
| Prevaricación urbanística (art. 320) | La pena del art. 404 más prisión de 1 año y 6 meses a 4 años y multa | Los informes técnicos y la normativa vigente al conceder la licencia |
| Cohecho para un acto contrario al cargo (art. 419) | Prisión de 3 a 6 años, multa de 12 a 24 meses e inhabilitación de 9 a 12 años | Qué acto se pretendía y la prueba de la dádiva |
| Cohecho para un acto propio del cargo (art. 420) | Prisión de 2 a 4 años, multa de 12 a 24 meses e inhabilitación de 5 a 9 años | Si el acto era correcto y se habría dictado igual |
| Particular que ofrece o entrega la dádiva (art. 424) | Las mismas penas de prisión y multa que la autoridad | Quién tomó la iniciativa y qué se ofreció realmente |
Además de la pena, la condena de una empresa por cohecho puede conllevar la prohibición de contratar con la administración, por lo que conviene revisar también sus planes de cumplimiento y prevención. Y la inhabilitación supone perder el cargo y no poder ejercerlo durante años, por lo que la defensa tiene que pensar en ella desde el primer día.
Antes de declarar, revisemos el expediente. En estos casos la documentación lo decide casi todo.
La prevaricación del artículo 404 se castiga con inhabilitación especial de 9 a 15 años, no con prisión. La prevaricación urbanística sí añade prisión. Por eso la calificación de los hechos es decisiva.
No necesariamente. Una resolución puede ser ilegal y anularse sin ser delito. La prevaricación exige que sea arbitraria y que se dictara sabiendo que era injusta.
El particular que ofrece la dádiva responde con las mismas penas de prisión y multa que la autoridad, y la empresa puede ser condenada y quedar sin poder contratar con la administración. Defiendo tus intereses y, si hace falta, coordino la defensa de la sociedad.
Aceptar dádivas ofrecidas en consideración al cargo o la función puede ser cohecho aunque no se pida nada a cambio. Hay que analizar el valor, el contexto y la relación con un expediente concreto.
En algunos casos sí, por vía disciplinaria o como medida cautelar. En esa fase defiendo que las medidas sean proporcionadas y no anticipen una condena.
Los aforados ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana son juzgados por ese tribunal. El resto de autoridades y funcionarios, por los juzgados y la Audiencia Provincial de Alicante.
El buen funcionamiento de la administración y la confianza de los ciudadanos en su imparcialidad e integridad. El artículo 404 no exige un perjuicio económico para el patrimonio público, y por eso la defensa se centra en la decisión y en cómo se tomó.
Explicar de memoria una resolución de hace años suele generar contradicciones con los documentos.
Cualquier añadido posterior puede convertirse en un delito de falsedad.
Puede interpretarse como un intento de coordinar versiones y justificar medidas cautelares.
Las declaraciones públicas se incorporan a la causa y condicionan la defensa.
Ayuda mucho, pero hay que acreditar que existía, qué decía y que la resolución se ajustó a él.
Lo que se resuelva allí puede influir en el procedimiento penal, y conviene coordinar ambas defensas.

Me dedico en exclusiva al derecho penal desde 2015, con especial atención al derecho penal económico y a la corrupción en el ámbito público. Soy graduado en Derecho por la UCAM, licenciado en Criminología por la Universidad de Murcia y colegiado en el ICAMUR (n.º 8023) y en el ICAM (n.º 131239). En los delitos contra la administración pública trabajo con un conocimiento detallado del procedimiento administrativo, con el expediente como prueba central y, cuando hace falta, con el abogado que lleva el contencioso.
Mi despacho de Alicante está en la calle Capitán Dema, 3, junto a la Ciudad de la Justicia. Mis servicios no pasan por un equipo de letrados que se reparte los asuntos: el asesoramiento, la asistencia y la defensa ante los tribunales los llevo yo, con total confidencialidad.
Estos delitos se instruyen en el Juzgado de Instrucción del lugar donde está la administración afectada y se juzgan en un Juzgado de lo Penal o en la Audiencia Provincial de Alicante, según la pena pedida. Llevo procedimientos relacionados con ayuntamientos y entidades públicas de Alicante, Elche, Benidorm, Torrevieja, Orihuela, Denia, Elda y el resto de la provincia.
Además de estos dos delitos, defiendo en Alicante casos de malversación, tráfico de influencias, administración desleal y blanqueo de capitales. Si tu asunto toca otra de estas áreas, puedes consultar mis páginas de abogado de administración desleal en Alicante y de abogado de delitos contra la administración pública en Alicante.
Dime qué cargo ocupas o qué relación tienes con la administración, qué decisión se discute y qué te han notificado. Te contesto yo en tu primera consulta, por teléfono, WhatsApp o correo.
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