El particular que paga responde con las mismas penas que el funcionario que cobra. Pero el Código Penal le abre una salida completa: quien accedió de forma ocasional a la petición y denuncia dentro de los dos meses siguientes queda exento de pena. Como abogado especialista en delitos de cohecho y prevaricación en Murcia y Alicante, dedicado al derecho penal en exclusiva, trabajo los dos lados de estos procedimientos, el del responsable público y el de quien se vio en medio. Llevo la defensa penal de responsables políticos, funcionarios públicos, empresarios y ciudadanos en toda la Región de Murcia y en la provincia de Alicante.
Plazo para denunciar y quedar exento de pena (art. 426)
Cohecho por un acto contrario a los deberes del cargo (art. 419)
Inhabilitación por prevaricación, sin prisión (art. 404)
Las que recibe el particular que paga (art. 424)
El artículo 426 recoge una salida que resuelve el asunto entero para quien pagó. Queda exento de pena por el delito de cohecho el particular que, habiendo accedido ocasionalmente a la solicitud de dádiva de una autoridad o funcionario, denuncia el hecho antes de que se abra el procedimiento y dentro de los dos meses siguientes a los hechos. No es una atenuante ni una rebaja: es exención completa.
El precepto pide tres cosas a la vez. Que el acceso fuera ocasional, no una relación sostenida. Que la denuncia llegue a la autoridad con deber de averiguar los hechos antes de que el procedimiento se abra por otra vía. Y que no hayan pasado más de dos meses. Ese plazo corre desde el primer día y no admite prórroga, así que quien se plantea denunciar tiene que decidirlo pronto y con asesoramiento. Un abogado penalista con experiencia en estos asuntos te ayuda a preparar esa comunicación con el soporte necesario y sin exponerte más de lo imprescindible.
El lenguaje corriente los agrupa bajo la palabra corrupción, pero son dos tipos de delito distintos, con castigos distintos y con defensas distintas. En el cohecho hay una dádiva de por medio; en la prevaricación, una resolución. En derecho penal cada uno exige una defensa propia, y confundirlos es el primer error que hay que evitar, también entre las distintas modalidades de cohecho.
La autoridad o funcionario que, en provecho propio o de un tercero, recibe o solicita dádiva, favor o retribución de cualquier clase, o acepta ofrecimiento o promesa, para realizar en el ejercicio de su cargo un acto contrario a los deberes inherentes al mismo o para no realizar o retrasar injustificadamente el que debiera practicar. Prisión de tres a seis años, multa de doce a veinticuatro meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el derecho de sufragio pasivo.
Las mismas conductas cuando lo que se retribuye es un acto propio del ejercicio de sus funciones. La pena baja a prisión de dos a cuatro años, multa de doce a veinticuatro meses e inhabilitación especial de cinco a nueve años. El 421 extiende esa respuesta penal al supuesto en que la dádiva se recibe como recompensa por una conducta ya realizada.
Admitir dádiva o regalo ofrecidos por razón del cargo o la función, sin que se retribuya ningún acto concreto. Prisión de seis meses a un año y suspensión de empleo y cargo público de uno a tres años. Es el escalón más bajo del capítulo y el que más discusión genera, porque obliga a delimitar qué es una atención y qué es una dádiva.
Dictar, a sabiendas de su injusticia, una resolución arbitraria en un asunto administrativo. La pena es solo de inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el derecho de sufragio pasivo, de nueve a quince años. No lleva prisión, pero para quien vive de la función pública supone el final de su carrera.
Estos asuntos se deciden en tres discusiones muy concretas, y ninguna depende de que los hechos estén o no documentados.
El tipo del 404 exige que la decisión sea arbitraria y que se dicte a sabiendas de su injusticia. Una decisión anulada por los tribunales de lo contencioso, un informe técnico discutible o un criterio jurídico erróneo no cumplen ese doble requisito. La defensa en prevaricación se construye sobre los informes que sustentaron la decisión y sobre el margen de interpretación que había en ese momento y el interés público que perseguía la decisión. En la práctica, el conocimiento de la injusticia es lo que más le cuesta probar a la acusación, y sobre ese punto trabajo la defensa desde el primer día.
Entre el 419 y el 420 hay un año de diferencia en el mínimo de la pena y dos en el máximo, y entre el 420 y el 422 hay otro salto. Todo depende de si lo que se pagaba era algo contrario a sus deberes, algo propio de esas funciones o simplemente una atención por razón del puesto. Acreditar qué se pedía a cambio, o que no se pedía nada, decide en qué escalón cae el asunto.
Cuando el cliente es el particular que pagó, lo primero que hay que mirar es la fecha del pago y si el procedimiento se ha abierto ya. Dentro de los dos meses y antes de esa apertura, denunciar permite quedar exento. Fuera de plazo esa vía se cierra y la estrategia pasa a ser otra, porque quien pagó responde igual que quien cobró.
La escala del cohecho se gradúa por lo que se retribuye. La prevaricación sigue una lógica distinta y se castiga solo con inhabilitación.
| Artículo | Conducta | Pena |
|---|---|---|
| Art. 405 | Nombrar para un cargo público a quien no reúne los requisitos | Multa de 3 a 8 meses y suspensión de 1 a 3 años |
| Art. 422 | Admitir dádiva o regalo en consideración al cargo | Prisión de 6 meses a 1 año y suspensión de 1 a 3 años |
| Art. 420 | Cobrar por realizar un acto propio del cargo | Prisión de 2 a 4 años, multa e inhabilitación de 5 a 9 años |
| Art. 419 | Cobrar por un acto contrario a los deberes del cargo | Prisión de 3 a 6 años, multa e inhabilitación |
| Art. 421 | Recibir la dádiva como recompensa por lo ya hecho | Las penas de los artículos anteriores |
| Art. 424 | El particular que ofrece o entrega la dádiva | Las mismas penas de prisión y multa que el funcionario |
| Art. 404 | Resolución arbitraria dictada a sabiendas de su injusticia | Inhabilitación de 9 a 15 años, sin prisión |
La exención del 426 alcanza a quien accedió ocasionalmente a la solicitud y lo denuncia antes de que se abra el procedimiento y dentro de los dos meses siguientes. Es la única vía del capítulo que evita por completo la condena, y depende de una fecha.
Cuándo ocurrieron los hechos y si el procedimiento está abierto. De esas dos fechas depende que la exención siga disponible para quien pagó, y son lo primero que se comprueba.
Informes técnicos y jurídicos, propuestas, resoluciones y la cadena de firmas. En prevaricación el expediente completo es la defensa: muestra qué se sabía, quién informó y qué margen de decisión existía. Como abogado pido siempre el expediente íntegro, no solo lo que aporta la acusación.
Determinar si lo que se pagaba era contrario a los deberes, propio del cargo o una atención sin contraprestación. De ahí sale el precepto aplicable y, con él, la horquilla de pena.
Declaraciones de funcionarios y técnicos, prueba documental y, con frecuencia, intervenciones telefónicas cuya legalidad hay que revisar. La inhabilitación se pelea igual que la prisión, porque decide la continuidad profesional. En la fase de instrucción ante los juzgados de Murcia y Alicante se decide buena parte del asunto, y es entonces cuando un abogado tiene que pedir las diligencias de descargo.
Si accediste y aún no han pasado dos meses, el artículo 426 puede dejarte fuera del procedimiento. Cuéntame las fechas.
Acceso ocasional, denuncia antes de que se abra el procedimiento y dentro de los dos meses siguientes a los hechos. Cumplidos los tres requisitos, el particular queda exento de pena. Es la única salida del capítulo que evita la condena entera.
El tipo exige que la resolución sea arbitraria y que se dicte a sabiendas de su injusticia. Que una decisión sea anulada en vía contenciosa no la convierte en delictiva, y esa distinción sostiene la mayoría de las defensas en prevaricación.
Retribuir algo contrario a los deberes lleva a prisión de tres a seis años; algo propio del cargo, de dos a cuatro; un regalo en consideración al puesto, de seis meses a un año. Tres escalones que dependen de acreditar qué se esperaba a cambio.
Quien ofrece o entrega el soborno recibe el mismo castigo que la autoridad corrompida. Empresarios y contratistas suelen descubrirlo cuando ya están investigados, y para entonces el plazo de la exención puede haber vencido.
Elegir al mejor abogado penalista para tu caso no depende de un ranking, sino de que entienda el derecho administrativo que hay detrás de cada decisión y sepa trasladarlo a la lógica del derecho penal. En cohecho y prevaricación la defensa se gana leyendo informes, contratos y actas, y para eso hace falta un especialista que sepa cómo funciona una administración por dentro.
Soy Álvaro Prieto, abogado penalista dedicado en exclusiva al derecho penal desde 2015. Me gradué en Derecho por la UCAM y me licencié en Criminología por la Universidad de Murcia, y estoy colegiado en el Ilustre Colegio de Abogados de Murcia (n.º 8023) y en el ICAM (n.º 131239). Llevo tanto la defensa de responsables públicos y empresarios investigados como la acusación particular de quien sufre un perjuicio.
Mi despacho tiene su sede en la C. Alejandro Seiquer, 6, Entresuelo E, en Murcia, y oficina en la C. Capitán Dema, 3, en Alicante; atiendo con cita previa. Cada cliente del despacho recibe información clara sobre su situación, un presupuesto por escrito y los honorarios pactados en la hoja de encargo. La confianza en este tipo de asuntos se construye con discreción, y la experiencia enseña que el asesoramiento temprano evita errores difíciles de corregir después.
La investigación la llevan los juzgados de instrucción del lugar donde ocurrió todo, con frecuencia a partir de una querella de la acusación popular o de un informe de los órganos de control de las propias instituciones. Si la causa tiene especial complejidad, puede asumirla la Fiscalía Anticorrupción. Durante la instrucción se practican las diligencias y pueden acordarse medidas cautelares, y es el momento en que más pesa la estrategia del abogado defensor.
El juicio depende del delito. El cohecho se juzga, en principio, ante el Tribunal del Jurado, que se constituye en la Audiencia Provincial. La prevaricación administrativa, por la gravedad de la sanción que lleva aparejada, corresponde también a la Audiencia Provincial, en este caso a sus magistrados. En Murcia y en Alicante, por tanto, la mayoría de estos procesos terminan en la Audiencia Provincial respectiva.
Hay además un dato propio de la Región de Murcia: en 2021 se suprimió el aforamiento de los diputados de la Asamblea Regional y de los miembros del Consejo de Gobierno. Hoy también ellos son investigados por los juzgados ordinarios de Murcia, igual que alcaldes, concejales y empleados públicos.
Pocas veces aparece solo. En las causas de corrupción es habitual que la acusación lo combine con otros delitos contra la administración pública: el tráfico de influencias en sus distintas modalidades, la malversación o apropiación de caudales públicos, el fraude a la administración o las negociaciones prohibidas. Si el dinero recibido se ha intentado ocultar, puede sumarse el blanqueo de capitales.
En la práctica municipal tienen mucho peso la prevaricación urbanística, que castiga informar favorablemente o conceder licencias contrarias a la normativa urbanística, y la prevaricación ambiental, ligada a los delitos contra el medio ambiente. Ambas exigen, como la del 404, que quien decide actúe con conocimiento de que va contra la ley.
Conviene también separarlo de figuras con las que se confunde. La estafa requiere un engaño que provoque un error y un acto de disposición patrimonial en perjuicio propio o ajeno, con ánimo de lucro; la apropiación indebida, quedarse con dinero o bienes recibidos con obligación de entregarlos o devolverlos. Aquí no hay engaño a nadie, y por eso no es una estafa: hay un pacto entre quien paga y quien cobra, y no existe una víctima concreta, porque el perjudicado es la administración. En derecho penal, calificar bien desde el principio cambia el castigo, la prescripción y la estrategia, y es lo primero que revisa un abogado penalista.
Este delito no solo afecta a quien firma o paga, ni a los administradores que lo autorizan. El artículo 427 bis permite condenar a la persona jurídica en cuyo beneficio se cometió, con multa y con sanciones como la prohibición de contratar con el sector público. Además, cuando el soborno tiene relación con un procedimiento de contratación, de subvenciones o de subastas, la ley priva a quien pagó y, en su caso, a la sociedad que representa, durante un tiempo, de subvenciones, de beneficios fiscales y de la Seguridad Social y de la posibilidad de contratar con entes públicos. Para muchas empresas esa es la consecuencia que más daño hace.
Por eso, como abogado de una empresa investigada, reviso desde el principio sus medidas de control interno y su aplicación real, la documentación de cada contrato y los datos de pagos y facturación. Un modelo de cumplimiento implantado con anterioridad, revisado si hace falta por un especialista en cumplimiento normativo, puede llegar a eximir a la persona jurídica si reúne los requisitos que marcan las leyes; es una de las piezas centrales de la responsabilidad de las empresas en derecho penal.
Que una autoridad o funcionario público reciba o solicite una dádiva, favor o retribución, o acepte una promesa, en provecho propio o de un tercero, a cambio de realizar un acto de su cargo, de no realizarlo o de retrasarlo, o simplemente por razón del puesto que ocupa. En España, el Código Penal lo gradúa entre los artículos 419 y 422 según qué se retribuya: es el cohecho pasivo. Quien ofrece o entrega la dádiva comete cohecho activo (art. 424 CP).
Sí, por la vía del artículo 426. Queda exento de pena el particular que, habiendo accedido ocasionalmente a esa solicitud, denuncia los hechos a la autoridad con deber de averiguarlos antes de que se abra el procedimiento y sin que hayan pasado más de dos meses desde la fecha de los hechos. Los tres requisitos han de cumplirse a la vez.
El artículo 424 impone las mismas penas de prisión y multa al particular que ofrece o entrega la dádiva que a la autoridad o funcionario corrompido. No hay un castigo menor por ser quien paga en lugar de quien cobra, de modo que un empresario puede afrontar la misma horquilla que el responsable público.
No. El artículo 404 castiga la resolución arbitraria dictada a sabiendas de su injusticia solo con inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo, por un periodo de nueve a quince años. Para quien desarrolla su carrera en la función pública, esa inhabilitación equivale a perderla.
Puede serlo. El artículo 422 castiga con prisión de seis meses a un año y suspensión de empleo de uno a tres años a la autoridad o funcionario que admite dádiva o regalo ofrecidos en consideración a su cargo o función, aunque no se retribuya ningún acto concreto. Dónde termina la atención y empieza el soborno es la discusión habitual en este tipo.
Sigue siendo cohecho, pero por el artículo 420, que castiga con prisión de dos a cuatro años cobrar por realizar un acto propio del cargo. La diferencia con el 419, reservado a los actos contrarios a los deberes, es de un año en el mínimo y de dos en el máximo, además del régimen de inhabilitación.
Es una regla básica del derecho penal: no declares sin haber hablado antes con tu abogado penalista y sin conocer lo que hay en la causa. Como investigado tienes derecho a no declarar, a no hacerlo contra ti mismo y a acceder a las actuaciones, salvo que se haya acordado el secreto. Lo primero es revisar los informes y actas administrativos y las pruebas que maneja la acusación; después se decide si conviene declarar, cuándo y sobre qué. Una declaración improvisada en esta fase suele ser difícil de reparar.
El plazo depende de la pena máxima prevista para cada delito, según el Código Penal, y en estos tipos cuenta también la duración de la inhabilitación, que puede ser larga. Por eso no hay una cifra única: hay que calcularlo para el precepto concreto y desde la fecha en que terminó la conducta. Además, el plazo se interrumpe cuando el procedimiento se dirige contra la persona investigada. Antes de dar por prescrito un asunto conviene revisar las fechas con detalle.
Sí. Alcaldes y concejales del equipo de gobierno tienen la consideración de autoridad a efectos penales, y sus decisiones en asuntos administrativos pueden dar lugar a una causa penal por prevaricación administrativa. No están aforados, así que los investigan los juzgados de instrucción ordinarios. La defensa suele apoyarse en los informes de secretaría e intervención y en el margen legal que había para decidir: votar con informes favorables no es lo mismo que resolver a sabiendas de la injusticia. Firmar por orden de un superior no exime por sí solo, pero ayuda a situar quién sabía qué.
Se pierden. La ley establece que, en todo caso, los presentes o regalos entregados caen en decomiso, es decir, pasan al Estado. Si el dinero se ha ocultado o transformado, la investigación puede extenderse al blanqueo y a los bienes adquiridos con él. Por eso, si te planteas acogerte a la exención por haber pagado, conviene hacerlo desde el principio, con un abogado y con todos los justificantes del pago.
El testigo declara con obligación de decir la verdad y, en principio, sin abogado. Pero en causas de corrupción es frecuente que quien empieza como testigo termine como investigado, sobre todo si participó en la tramitación o en el pago. Si de tus respuestas puede derivarse responsabilidad, conviene pedir asesoramiento antes a un abogado penalista; si aparecen indicios contra ti, tienes derecho a declarar como investigado y con asistencia letrada.
Sí. Si antes del delito la empresa había adoptado y ejecutado con eficacia un modelo de organización y gestión adecuado para prevenir delitos de esta naturaleza, la ley permite eximirla de responsabilidad penal, o atenuarla si los requisitos solo se acreditan en parte. No basta con tener un documento: hay que demostrar que el control funcionaba, que había un órgano de supervisión y que quien pagó lo eludió. Un abogado penalista puede revisar si el modelo de tu empresa cumple esos requisitos.
Cuándo ocurrieron los hechos, si hay procedimiento abierto y qué documentos componen el expediente administrativo. Con eso se comprueba si la exención del 426 sigue viva, en qué tipo encaja la conducta y qué margen queda. En estos asuntos la fecha manda tanto como los hechos. Te atiendo con cita previa en mi despacho de Murcia o en la oficina de Alicante, y estoy a tu disposición para revisar las fechas contigo.
¿Me ayudas a mejorar la web? Uso cookies propias y de terceros para saber qué información te resulta útil y para mostrar publicidad del despacho. Puedes aceptarlas, rechazarlas o elegir cuáles.