Son los delitos que protegen la vida, la integridad física y la libertad, y este tipo de delitos tiene algo que lo separa del resto del derecho penal: enfrente hay una persona, no un patrimonio, y las dos partes necesitan abogados. Como abogado penalista en Murcia y Alicante llevo estos asuntos, con asesoramiento y actuación desde el primer día, en las dos posiciones: la defensa penal del investigado y la acusación particular de quien ha sufrido el daño. Mi despacho tiene su sede en Murcia y una oficina en Alicante, y atiendo en consulta, con cita previa, a quien llega con una citación o con un parte de lesiones en la mano.
Multa del maltrato de obra sin lesión, el escalón más bajo
Prisión por homicidio, sin circunstancias que lo agraven
Prisión por asesinato, cuando concurre alguna del artículo 139
Los supuestos tasados de asesinato del artículo 140
La diferencia con otras áreas del penal es que aquí enfrente hay una persona, no un patrimonio ni una Administración. Eso significa que quien denuncia puede personarse como acusación particular y dirigir el procedimiento con su propio letrado en lugar de dejarlo todo en manos del fiscal, y que quien es denunciado se juega mucho más que una condena: medidas cautelares, órdenes de alejamiento y una relación personal, familiar o vecinal que sigue existiendo después. A veces el denunciante es un vecino de la misma comunidad, un socio de empresa o un antiguo amigo, y hay conflictos previos, y la estrategia tiene que contar con ello desde el principio.
Hay además una regla que sorprende a quien acaba de sufrir una agresión leve: el artículo 147 solo persigue de oficio las lesiones que requieren tratamiento médico. La lesión menor y el maltrato de obra sin lesión necesitan denuncia de la persona agraviada o de su representante legal. Sin ella, el procedimiento penal no arranca. Es una de las primeras cosas que compruebo en cada caso, porque de ella depende todo lo demás.
Cuatro bloques que van de la vida a la libertad, ordenados por el bien jurídico que protegen. Los delitos cometidos en el ámbito de la pareja o la familia tienen reglas propias y los trato en violencia de género y doméstica, y los que atentan contra la libertad sexual, en delitos sexuales en Murcia. Cada bloque tiene además su propio desarrollo en esta página web: homicidio y asesinato, lesiones, amenazas y coacciones y detención ilegal y secuestro. Aquí tienes la visión de conjunto para situar tu caso.
Matar a otro es homicidio y se castiga con prisión de diez a quince años. Si concurre alevosía, precio, ensañamiento o el propósito de facilitar u ocultar otro delito, pasa a ser asesinato, con prisión de quince a veinticinco años, y en su mitad superior si concurre más de una circunstancia. El artículo 140 reserva la prisión permanente revisable a supuestos tasados, entre ellos que la víctima sea menor de dieciséis años. La jurisprudencia del Tribunal Supremo separa el homicidio en grado de tentativa de unas lesiones graves por el ánimo de matar, que se deduce de datos objetivos como el arma empleada, la zona del cuerpo atacada o la reiteración de los golpes.
El artículo 147 separa tres escalones según el resultado: la lesión que requiere tratamiento médico o quirúrgico, con prisión de tres meses a tres años o multa de seis a doce meses; la lesión menor, con multa de uno a tres meses; y los malos tratos de obra sin lesión, con multa de uno a dos meses. Por encima quedan las lesiones agravadas del artículo 148 y las del 149, con penas de hasta doce años. Cuando el resultado se causa por imprudencia, como ocurre en muchos accidentes de tráfico, el tratamiento penal es otro y lo explico más abajo.
Amenazar con un mal que sea delito se castiga con prisión de uno a cinco años cuando se impone una condición y se consigue el propósito, y de seis meses a dos años cuando la amenaza no es condicional. Las coacciones del artículo 172 castigan con prisión de seis meses a tres años o multa de doce a veinticuatro meses impedir por la fuerza lo que la ley no prohíbe.
Encerrar o detener a otro privándole de su libertad se castiga con prisión de cuatro a seis años, que baja un grado si se le libera en los tres primeros días sin haber logrado el objeto y sube a prisión de cinco a ocho años si la privación dura más de quince días. El secuestro, que exige una condición para poner en libertad a la persona, se castiga con prisión de seis a diez años.
Son procedimientos con poca prueba documental y mucha declaración enfrentada. El trabajo se concentra en tres sitios: el parte médico, la versión que se fija el primer día y la posición procesal que se elige. Ahí se decide la estrategia de defensa penal y ahí es donde más pesa la experiencia del abogado penalista.
La frontera entre una multa y una pena de prisión está en si la lesión requería objetivamente tratamiento médico o quirúrgico, y el artículo 147 aclara que la simple vigilancia o el seguimiento del curso de la lesión no lo son. Por eso el parte de urgencias y el informe del médico forense se leen palabra por palabra, y se pide su ampliación cuando dicen menos de lo que la acusación sostiene.
Personarse como acusación particular permite proponer prueba, recurrir y negociar la responsabilidad civil en lugar de esperar a lo que haga el fiscal. Del otro lado, la defensa que entra el primer día llega a tiempo de discutir las medidas cautelares y de preparar la declaración. En ambos casos la decisión se toma antes de declarar y condiciona el resto del procedimiento. En las dos posiciones defiendo los intereses de mi cliente con el mismo compromiso, y nunca en el mismo procedimiento.
Lo que se declara en dependencias policiales o en el juzgado de guardia se compara después con lo que se diga en la vista, y cualquier variación se usa como contradicción. En agresiones recíprocas, además, quien denuncia primero suele quedar como víctima aunque los hechos fueran mutuos, y esa posición se corrige con prueba documental y testifical, no con explicaciones en el juicio. Por eso, si estás detenido, tienes derecho a entrevistarte con tu abogado antes de declarar y a no hacerlo hasta entonces, y casi siempre conviene ejercerlo.
No toda respuesta física es delito. La legítima defensa exige agresión ilegítima, necesidad racional del medio empleado y falta de provocación suficiente, y cuando falta alguno de esos requisitos aún cabe la eximente incompleta. Si el enfrentamiento fue mutuo y con medios peligrosos, el artículo 154 castiga la riña tumultuaria con prisión de tres meses a un año o multa de seis a veinticuatro meses.
El arco completo del área, del maltrato de obra sin lesión a la prisión permanente revisable, con el artículo que fija cada tramo.
| Artículo | Conducta | Pena |
|---|---|---|
| Art. 147.3 | Golpear o maltratar de obra sin causar lesión | Multa de 1 a 2 meses |
| Art. 147.2 | Lesión que no requiere tratamiento médico | Multa de 1 a 3 meses |
| Art. 147.1 | Lesión que requiere tratamiento médico o quirúrgico | Prisión de 3 meses a 3 años o multa de 6 a 12 meses |
| Art. 154 | Riña tumultuaria con medios peligrosos | Prisión de 3 meses a 1 año o multa de 6 a 24 meses |
| Art. 148 | Lesiones con armas, alevosía o víctima vulnerable | Prisión de 2 a 5 años |
| Art. 172.1 | Coacciones | Prisión de 6 meses a 3 años o multa de 12 a 24 meses |
| Art. 169 | Amenazas condicionales logrando el propósito | Prisión de 1 a 5 años |
| Art. 163.1 | Detención ilegal | Prisión de 4 a 6 años |
| Art. 149 | Pérdida de órgano principal, sentido o grave deformidad | Prisión de 6 a 12 años |
| Art. 164 | Secuestro exigiendo una condición | Prisión de 6 a 10 años |
| Art. 138 | Homicidio | Prisión de 10 a 15 años |
| Art. 139 | Asesinato | Prisión de 15 a 25 años |
Las lesiones imprudentes tienen su propio tramo en el artículo 152, muy por debajo de las dolosas, y cuando se causan con un vehículo a motor añaden privación del derecho a conducir de uno a cuatro años. Los mismos hechos cometidos sobre la pareja o expareja, o sobre persona vulnerable que conviva con el autor, se desplazan a los artículos 153 y 172.2, con penas y consecuencias distintas. Las lesiones imprudentes son lo habitual en accidentes de tráfico, que a menudo concurren con un delito contra la seguridad vial cuando hay alcoholemia o conducción temeraria.
Partes de urgencias, informes de seguimiento, fotografías con fecha y testigos. En estos delitos la prueba se degrada rápido: las lesiones se curan y los testigos se dispersan, así que lo que no se documente en los primeros días deja de existir para el procedimiento. Por eso, cuando un cliente llega al despacho, lo primero que hago es ordenar esa documentación y pedir lo que falte antes de que se pierda.
Decidir si se entra como defensa o como acusación particular, y con qué calificación de partida. De esa decisión dependen las medidas cautelares que se pidan o se combatan y la prueba que se proponga, y conviene tomarla antes de la primera declaración. En la defensa penal en Murcia y en el resto de la Región de Murcia es habitual que esa decisión haya que tomarla en el juzgado de guardia, con muy poco tiempo.
El salto entre los tres escalones del artículo 147, o entre el 147 y el 148, cambia la pena por completo. Se pelea con el informe forense, con la ampliación del parte si hace falta y con la mecánica de los hechos, y se plantea por escrito antes de la vista. Aquí pesan la experiencia del abogado penalista y el conocimiento del Código Penal y de las resoluciones de la Audiencia Provincial.
Muchos asuntos del área se resuelven en el juzgado de guardia o por conformidad, y ahí se negocia también la responsabilidad civil. Cuando el caso se defiende, la vista se prepara con la pericial médica y la testifical que se haya conseguido asegurar. Sea cual sea la vía, la decisión se toma con el cliente y con información completa sobre las posibilidades de éxito y los riesgos de cada opción.
Las dos situaciones tienen prisa, y por motivos distintos. Cuéntame cuál es la tuya y desde cuándo. Te atiendo con cita previa en el despacho de Murcia o en la oficina de Alicante.
Es el elemento que separa la multa de la pena de prisión. La ley exige que la lesión requiera objetivamente tratamiento médico o quirúrgico, y excluye de forma expresa la simple vigilancia o el seguimiento del curso de la lesión. El Código Penal no define qué es tratamiento médico, y han sido los tribunales los que han ido perfilando el concepto caso por caso.
Usar un arma o un objeto peligroso, o que la víctima sea menor de catorce años o especialmente vulnerable, sube la misma lesión a prisión de dos a cinco años. La discusión sobre qué se usó y cómo deja de ser un detalle. Lo mismo ocurre con los robos con violencia o intimidación, en los que una agresión durante el robo puede sumar un delito de lesiones.
La lesión menor y el maltrato de obra sin lesión solo se persiguen mediante denuncia de la persona agraviada o de su representante legal. No basta con el atestado ni con que los hechos consten: si no hay denuncia, no hay procedimiento. Si eres tú quien ha sufrido la agresión, conviene que la denuncia la prepare un abogado con práctica en derecho penal: un relato bien ordenado facilita todo el proceso.
Entre el homicidio y el asesinato hay diez años de diferencia en el mínimo, y lo único que los separa son las circunstancias del artículo 139. Por eso la calificación se discute desde la instrucción y no en la vista. Es el tipo de proceso en el que conviene contar con un abogado penalista desde el primer día, y no solo para el juicio.
Cuando te juegas una condena por lesiones o necesitas sostener una acusación por una agresión, no basta con cualquier despacho de abogados. Al comparar abogados, y aunque busques a los mejores abogados penalistas de la Región de Murcia, mira datos que puedas comprobar y no promesas de excelencia o de éxito garantizado, que ningún profesional serio puede hacer. Fíjate en el compromiso de los profesionales con cada cliente, en cómo te explican el proceso y en la dedicación real que van a poder darle. Pregunta por su especialización en derecho penal, por los servicios que incluye el encargo, por la experiencia en juicios con pericial médica y en asuntos de complejidad y por cómo se van a fijar los honorarios. Mi carrera está dedicada en exclusiva al derecho penal desde 2015. Soy graduado en Derecho por la UCAM y licenciado en Criminología por la Universidad de Murcia, estoy colegiado en el ICAMUR (n.º 8023) y en el ICAM (n.º 131239), y llevo tanto la defensa como la acusación particular. Soy un abogado especializado en derecho penal y trabajo de forma personal, no como una gran firma: el caso lo llevo yo, desde la primera reunión hasta el juicio, y cuando el asunto lo requiere se encargan periciales de parte, médico-forenses o de otro tipo. Atiendo con cita previa en el despacho de Murcia y en la oficina de Alicante, y antes de empezar pactamos por escrito el encargo y un presupuesto claro, con la eficacia y la transparencia que exige el ejercicio de la abogacía.
En Murcia los juzgados de instrucción y de lo penal están en la Ciudad de la Justicia, y es allí donde se decide casi todo en las primeras horas: la declaración del detenido, las medidas cautelares y, en los asuntos más sencillos, el juicio rápido. La Ley de Enjuiciamiento Criminal reparte después el proceso penal según la pena, dentro de la jurisdicción penal ordinaria. Los delitos castigados con hasta cinco años de prisión los juzga el Juzgado de lo Penal; por encima de ese umbral el juicio corresponde a la Audiencia Provincial, y el homicidio, el asesinato y las amenazas condicionales se juzgan ante el Tribunal del Jurado. Contra las sentencias de la Audiencia Provincial de Murcia cabe recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia, con sede en Murcia, y frente a esa resolución, recurso de casación ante el Tribunal Supremo. En Alicante el esquema es el mismo con su propia Audiencia Provincial. Así se organiza la justicia penal en Murcia, y conocer cada fase y sus plazos forma parte del trabajo del abogado penalista en Murcia tanto como la estrategia del juicio.
No todo lo que llega con un parte de lesiones es un delito contra las personas en sentido estricto. Los robos con violencia o intimidación son delitos contra el patrimonio, aunque haya un herido, y se defienden con sus propias reglas, igual que las estafas: aunque a veces se denuncien junto a unas amenazas, las estafas son otra clase de delito, de naturaleza patrimonial; los trato en delitos contra el patrimonio y en la página de robo. El tráfico de drogas forma parte de los delitos contra la salud pública, con una lógica de prueba muy distinta, centrada en la cantidad de sustancia y la intervención policial, que explico en tráfico de drogas, y que a menudo se investiga junto con un delito de blanqueo de capitales. En esos delitos contra la salud pública la estrategia se construye sobre el atestado y la cadena de custodia de la droga intervenida. Los accidentes de tráfico con heridos combinan lesiones imprudentes con delitos contra la seguridad vial, como la alcoholemia. Y los delitos económicos, como el blanqueo de capitales o los fraudes a la Hacienda Pública y a la Seguridad Social, siguen otra lógica distinta. Situar bien el delito desde el principio evita defender un caso con la estrategia equivocada.
En derecho penal, y en estos procedimientos más que en ningún otro, hay derechos en las dos orillas, y conviene conocerlos antes de dar el primer paso. La víctima tiene derecho a ser informada desde el primer contacto con las autoridades, a recibir protección frente a nuevas agresiones, a personarse como acusación particular y a la reclamación de la responsabilidad civil por el daño sufrido, incluidas las secuelas y los días de curación. Quien está investigado tiene derecho a conocer los hechos que se le atribuyen, a guardar silencio, a no declarar contra sí mismo y a la asistencia de abogado desde la detención, como recoge en España la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Cuando el caso trasciende a los medios de comunicación, la defensa también tiene que cuidar la reputación de quien todavía no ha sido juzgado, porque la presunción de inocencia rige igual. Si la urgencia es una detención, la atención al detenido tiene su propia página. Hacer valer estos derechos forma parte de los servicios que presto a cada cliente en cualquier procedimiento del área.
Los que protegen la vida, la integridad física y la libertad. Quedan fuera, con reglas propias, los cometidos sobre la pareja o la familia y los que atentan contra la libertad sexual, que tienen su propia página.
El criterio del artículo 147 es si la lesión requería objetivamente tratamiento médico o quirúrgico además de una primera asistencia. Ese dato no lo decide el que agrede ni el que denuncia: sale del parte y del informe forense.
Sí, y cambia bastante el procedimiento: con letrado propio se propone prueba, se recurre y se negocia la responsabilidad civil, en lugar de depender de lo que haga el Ministerio Fiscal. La personación tiene plazo, así que interesa decidirlo pronto.
Cabe que los hechos se califiquen como riña tumultuaria del artículo 154 cuando el enfrentamiento fue mutuo y con medios que pusieron en peligro la vida o la integridad, con prisión de tres meses a un año o multa de seis a veinticuatro meses. Y cabe también la legítima defensa, completa o incompleta, según concurran sus requisitos.
Que en el asesinato concurre alguna de las circunstancias del artículo 139: alevosía, precio, ensañamiento o el propósito de facilitar u ocultar otro delito. Sin ninguna de ellas, por grave que sea el hecho, es homicidio.
Solo en los supuestos tasados del artículo 140: víctima menor de dieciséis años o especialmente vulnerable, asesinato subsiguiente a un delito contra la libertad sexual cometido por el autor sobre la víctima, autoría dentro de un grupo u organización criminal, o condena por la muerte de más de dos personas.
Solo en las infracciones que exigen denuncia del agraviado, como la lesión menor y el maltrato de obra sin lesión del artículo 147. En el resto el delito es público y el procedimiento continúa aunque la víctima no quiera seguir, porque la acusación la sostiene el fiscal.
No acudas sin abogado ni declares sin haber preparado antes la versión con quien te va a defender. Revisa la citación: indica el juzgado, la fecha y la condición en la que vas. Reúne lo que tengas, como mensajes, testigos, fotografías o tu propio parte médico si también resultaste herido. Con eso se decide si conviene declarar o acogerse al derecho a no hacerlo, y si hay que pedir diligencias desde el principio. En los delitos contra las personas la primera declaración pesa durante todo el procedimiento.
Sí. La responsabilidad civil se reclama dentro del propio procedimiento penal, sin necesidad de un pleito civil aparte, y comprende los días de curación, las secuelas, los gastos médicos y el perjuicio que se acredite. Para valorarla los juzgados suelen tomar como referencia orientativa el baremo de tráfico, aunque no es obligatorio fuera de ese ámbito. Lo decisivo es documentar bien el daño con informes médicos de seguimiento y el informe del médico forense, porque sin prueba la indemnización se queda corta.
El juez puede acordarla como medida cautelar durante la instrucción cuando lo exige la protección de la víctima, y también imponerla como pena en la sentencia. Prohíbe acercarse a la persona, a su domicilio o a su lugar de trabajo, y a menudo también comunicarse con ella por cualquier medio. Su incumplimiento es un delito de quebrantamiento. Desde la defensa se discute su necesidad y su alcance; desde la acusación particular se pide y se justifica con datos concretos sobre el riesgo.
Pueden serlo. El delito de amenazas no depende del medio: un mensaje, un audio o una publicación pueden integrar el tipo si anuncian un mal serio y creíble. La clave está en la prueba, porque una captura de pantalla puede impugnarse; conviene conservar el teléfono, no borrar las conversaciones y, si hace falta, aportar un cotejo o una pericial informática. Lo desarrollo en la página de amenazas y coacciones.
En la primera reunión, que se concierta con cita previa en Murcia o en Alicante, reviso la documentación que tengas y te explico en qué situación está el asunto y qué opciones hay. Si decides seguir adelante, firmamos una hoja de encargo con los honorarios pactados por escrito y un presupuesto claro, sin sorpresas posteriores. A partir de ahí te informo de cada paso del procedimiento y de cada decisión que haya que tomar, desde la personación hasta el juicio o una solución por conformidad. Lo que no encontrarás es una promesa de éxito, porque en derecho penal nadie puede garantizar el resultado; sí el compromiso de trabajar cada detalle.
La denuncia o la citación, el parte de lesiones si lo hay y cualquier informe médico posterior. Con eso se ve en qué escalón está el asunto y si interesa entrar como defensa o como acusación particular. Llevo delitos contra las personas en Murcia y en Alicante, y en este área el tiempo cuenta porque la prueba se pierde en días. Estudio cada caso de forma personal y te digo con franqueza qué margen hay: como abogado penalista en Murcia, prefiero un cliente bien informado a uno con falsas expectativas.
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