Violencia doméstica y violencia de género no son lo mismo, aunque se confundan a diario. Los hechos pueden ser idénticos, pero cuando la víctima es un hijo, un padre, un hermano o cualquier persona del núcleo familiar, cambian el juzgado que instruye y la pena que se pide. Los malos tratos en el ámbito familiar tienen en derecho penal su propio recorrido. Como abogado penalista en Murcia y Alicante llevo estos asuntos en defensa, con asistencia desde la primera declaración, y en acusación particular. Soy Álvaro Prieto, dedicado en exclusiva al derecho penal desde 2015, y atiendo con cita previa en mi despacho de Murcia y en la oficina de Alicante, también a clientes de Cartagena, Lorca o Molina de Segura.
Prisión del maltrato ocasional del artículo 153.2
Prisión del maltrato habitual del artículo 173.2
Privación del derecho a la tenencia y porte de armas
Posible inhabilitación para la patria potestad o la tutela
El artículo 153 castiga en su apartado 1 el maltrato cuando la ofendida es o ha sido esposa o mujer ligada por análoga relación de afectividad, con prisión de seis meses a un año. Y en su apartado 2 castiga exactamente la misma conducta cuando la víctima es cualquiera de las demás personas del artículo 173.2, con prisión de tres meses a un año. La conducta no cambia; cambian el tramo de pena y el juzgado competente.
Por eso lo primero que hay que comprobar en la denuncia es a quién señala como víctima. Un hijo que agrede a su padre, un hermano que agrede a otro o una agresión entre convivientes no van al Juzgado de Violencia sobre la Mujer, y encuadrar mal el asunto desde el principio arrastra errores durante todo el procedimiento. Y si quien recibe la agresión es un hombre y quien la comete es su pareja o expareja mujer, el hecho también es violencia doméstica del 153.2, porque esa relación queda fuera del concepto legal de violencia de género.
El círculo de personas protegidas lo define el artículo 173.2 y es mucho más amplio de lo que se piensa. Cuando la víctima es la pareja o expareja mujer, el asunto va por la vía de la violencia de género.
Descendientes, ascendientes y hermanos por naturaleza, adopción o afinidad, propios o del cónyuge o conviviente; menores y personas con discapacidad necesitadas de especial protección que convivan o estén sujetas a potestad, tutela, curatela, acogimiento o guarda de hecho; cualquier persona integrada en el núcleo de convivencia familiar; y las personas especialmente vulnerables sometidas a custodia en centros públicos o privados. En la práctica, son frecuentes los conflictos entre padres e hijos, entre hermanos o con la familia política, y todos caben en este círculo.
Causar un menoscabo psíquico o una lesión de menor gravedad, o golpear o maltratar de obra sin causar lesión, a una de esas personas: prisión de tres meses a un año o trabajos en beneficio de la comunidad de treinta y uno a ochenta días, y en todo caso privación del derecho a la tenencia y porte de armas de un año y un día a tres años. La coacción leve va por el artículo 172.2. Es el tipo con el que empiezan muchos atestados, y como abogado lo primero que reviso es si el parte médico describe de verdad una lesión o solo un forcejeo.
Ejercer habitualmente violencia física o psíquica sobre esas personas se castiga aparte, con prisión de seis meses a tres años, privación de armas de tres a cinco años y posible inhabilitación para la patria potestad de uno a cinco años. Y se impone sin perjuicio de las penas de cada agresión concreta, así que las condenas se suman en lugar de absorberse. Por eso, cuando la acusación sube del 153.2 al 173.2, las estrategias de defensa cambian por completo.
Los artículos 153.3 y 173.2 imponen las penas en su mitad superior si los hechos se cometen en presencia de menores, utilizando armas, en el domicilio común o en el de la víctima, o quebrantando una pena del artículo 48 o una medida cautelar de la misma naturaleza. En el maltrato habitual cabe además imponer la medida de libertad vigilada tras el cumplimiento. La presencia de menores es un elemento que el juez valora con especial rigor, y conviene discutir con detalle si de verdad la hubo.
Son procedimientos con una denuncia, una declaración enfrentada y poco más. El trabajo se concentra en la calificación, en la habitualidad y en las medidas que se adoptan el primer día. Ahí es donde más se nota la experiencia del abogado en estos procedimientos.
Un ejemplo de lo que pesa la prueba: en un asunto de agresiones cruzadas en pareja, instruido por eso en el Juzgado de Violencia sobre la Mujer nº 2 de Murcia, el Juzgado de lo Penal nº 5 absolvió el 12 de mayo de 2026 porque los agentes solo eran testigos de referencia: llegaron después y se limitaron a recoger lo que les contaron. Lo explico en el caso de absolución en violencia doméstica.
El artículo 173.3 fija cómo se aprecia: por el número de actos de violencia acreditados y su proximidad temporal, con independencia de que se hayan enjuiciado antes o de que las víctimas sean distintas. No basta con una denuncia que describa un clima, hacen falta hechos concretos y fechados. De ese recuento depende que el asunto sea un 153 o un 173.2, y por eso se rebate acto por acto. Es aquí donde más pesa la preparación de la defensa: cada fecha sin prueba es un episodio menos en el recuento.
El apartado 4 del artículo 153 permite al juez imponer la pena inferior en grado, razonándolo en sentencia, atendiendo a las circunstancias personales del autor y a las concurrentes en el hecho. Es una vía que existe en el maltrato ocasional y que hay que pedir de forma expresa, con la documentación personal, laboral y familiar preparada de antemano. Si detrás de los hechos hay un problema de adicciones, los informes de tratamiento ayudan a acreditar esas circunstancias.
La orden de alejamiento, la salida del domicilio y el régimen de visitas se deciden en una comparecencia muy temprana y condicionan meses de vida cotidiana. Llegar a ella con documentación reunida y con una propuesta alternativa concreta cambia lo que el juzgado puede acordar, porque le da algo sobre lo que resolver además del relato de la denuncia. Ese margen depende de la actuación del abogado y de la información que aporte en ese momento: dónde puede vivir el investigado, cómo se garantiza la seguridad de la víctima y qué pasa con el resto de la familia.
El artículo 468.2 impone en todo caso prisión de seis meses a un año a quien quebranta una pena del artículo 48 o una medida cautelar cuando el ofendido es una de las personas del artículo 173.2, y no lo excusa que la víctima consienta el contacto. Muchos asuntos se agravan más por el quebrantamiento que por los hechos iniciales. La prohibición sigue vigente hasta que el juez la modifica, aunque la familia haya hecho las paces.
Los tramos que fija el Código Penal según el tipo de conducta y su repetición, y la diferencia con el tramo equivalente de violencia de género.
| Artículo | Conducta | Pena |
|---|---|---|
| Art. 173.4 | Injuria o vejación injusta leve sobre persona del 173.2 | Localización permanente de 5 a 30 días o trabajos en beneficio de la comunidad |
| Art. 153.2 | Maltrato ocasional sobre persona del 173.2 | Prisión de 3 meses a 1 año o trabajos de 31 a 80 días, más privación de armas |
| Art. 153.1 | El mismo hecho si la víctima es pareja o expareja mujer | Prisión de 6 meses a 1 año o trabajos de 31 a 80 días |
| Art. 172.2 | Coacción leve sobre persona del 173.2 | Prisión de 6 meses a 1 año o trabajos de 31 a 80 días |
| Art. 173.2 | Violencia física o psíquica habitual | Prisión de 6 meses a 3 años, armas de 3 a 5 años y posible inhabilitación |
| Arts. 153.3 y 173.2 | En presencia de menores, con armas o en el domicilio | Las penas anteriores en su mitad superior |
| Art. 148.5 | Lesión del 147.1 sobre persona vulnerable que convive | Prisión de 2 a 5 años |
| Art. 468.2 | Quebrantar la pena o medida cautelar | Prisión de 6 meses a 1 año en todo caso |
El artículo 173.2 se impone sin perjuicio de las penas que correspondan a los delitos en que se hubieran concretado los actos de violencia, de modo que el maltrato habitual no absorbe las lesiones ni las amenazas: se suman. Y el artículo 153.4 permite al juez bajar la pena un grado en el maltrato ocasional, razonándolo en sentencia. Son las mismas penas en toda España; lo que cambia es la prueba y la calidad de la defensa.
Comprobar a quién señala la denuncia como víctima y si encaja en el artículo 173.2, porque de eso depende si el asunto lo instruye un Juzgado de Violencia sobre la Mujer o un juzgado penal ordinario, y el tramo de pena del que se parte. En la Región de Murcia, si la víctima no es la pareja mujer, el asunto lo instruye el juzgado de instrucción de guardia de cada partido judicial, sea en Murcia capital, en Cartagena o en Lorca.
Se prepara con lo que se pueda reunir en pocas horas: informes médicos, mensajes íntegros y no en capturas sueltas, testigos del entorno y situación laboral y familiar. De esa comparecencia salen las medidas de protección que más pesan en el día a día: el alejamiento, la salida del domicilio y el régimen de visitas. Para eso conviene que el abogado tenga el expediente en sus manos cuanto antes.
Si la acusación pide el artículo 173.2, se discute la habitualidad acto por acto: cuáles están acreditados, con qué prueba y en qué fechas. Bajar del maltrato habitual al ocasional cambia el tramo y abre la rebaja en grado del artículo 153.4. Es una cuestión técnica en la que la experiencia en juicios de violencia doméstica marca la diferencia.
Muchos de estos asuntos se enjuician por la vía rápida. La conformidad se valora con las accesorias delante, porque la privación de armas y la inhabilitación para la patria potestad duran años y no siempre se explican antes de firmar. Mi compromiso como abogado es que conozcas todas las consecuencias, también los antecedentes penales, antes de decidir.
Las medidas cautelares se deciden en las primeras horas y son las que más cambian la vida diaria. Cuéntame en qué punto estás. En la consulta, con cita previa en Murcia o en Alicante, estudio el estado de tu causa y te digo qué margen hay.
Es el salto que más pena añade, porque el maltrato habitual no absorbe las agresiones concretas: se impone además de ellas. Y para apreciarlo cuentan actos que nunca se enjuiciaron antes, incluso sobre víctimas distintas.
El mismo golpe es prisión de tres meses a un año si la víctima es un familiar del artículo 173.2, y de seis meses a un año si es la pareja o expareja mujer. Encuadrar bien el asunto desde la denuncia evita partir del tramo equivocado. Es el primer paso de cualquier abogado especialista en violencia doméstica.
La inhabilitación para el ejercicio de la patria potestad, tutela, curatela, guarda o acogimiento puede llegar a cinco años. Para quien tiene hijos menores suele pesar más que la propia pena de prisión, que en estos tramos a menudo se suspende. Pensando en el bienestar de los menores, el juez valora si esa inhabilitación es de verdad necesaria.
Prisión de seis meses a un año en todo caso, y el consentimiento de la víctima para volver a verse no lo excusa. Es la vía por la que muchos procedimientos acaban peor de lo que empezaron. Por eso, antes de cualquier contacto, consulta con tu abogado.
Para elegir al mejor abogado penalista para tu caso no sirven los rankings ni las promesas: sirven tres preguntas. ¿Se dedica de verdad a lo penal o lo combina con otras materias? ¿Conoce cómo funcionan los juzgados de guardia y de instrucción de Murcia en una causa de violencia doméstica? ¿Te explica los riesgos con claridad, sin garantizar un resultado que nadie puede asegurar? La profesionalidad se nota en detalles que los buenos profesionales no descuidan: llegar a la comparecencia con documentación, revisar el atestado línea por línea y no firmar una conformidad sin haber explicado antes todas las accesorias.
Me dedico en exclusiva al derecho penal desde 2015, y toda mi experiencia y mi especialización están en esta jurisdicción. Soy graduado en Derecho por la UCAM y licenciado en Criminología por la Universidad de Murcia, y estoy colegiado en el ICAMUR (n.º 8023) y en el ICAM (n.º 131239). Trato a mis clientes con cercanía y con la confianza de que sepan en cada momento en qué fase está su causa. Antes de empezar, el servicio y los honorarios quedan pactados por escrito en una hoja de encargo, con un presupuesto claro y sin sorpresas.
A diferencia de la violencia de género, la violencia doméstica no va al Juzgado de Violencia sobre la Mujer, salvo que el mismo agresor haya ejercido también violencia sobre la madre de los menores agredidos, en cuyo caso esos hechos también los conoce ese juzgado. La instruye el juzgado de instrucción de guardia del partido judicial donde ocurren los hechos, y el juicio corresponde al juzgado de lo penal o, si hay conformidad en un juicio rápido, al propio juzgado de guardia; el tribunal que resuelve la apelación es la Audiencia Provincial. Penal y familia van aquí por campos separados: el divorcio, la separación o la custodia siguen en el juzgado de familia, y conviene coordinar las estrategias de ambos procesos para que lo que se diga en uno no perjudique en el otro.
Cuando el investigado es menor de edad, cambian el objeto y el cauce: lo llevan la Fiscalía y el juzgado de menores conforme a la Ley Orgánica 5/2000, con un enfoque educativo. Y si la víctima es una persona mayor o con discapacidad que convive con el autor, la ley eleva la protección: las lesiones del 147.1 pueden castigarse por el 148.5, con prisión de dos a cinco años. Un abogado que conozca bien estos cauces evita perder tiempo y oportunidades en las primeras semanas del procedimiento.
La violencia de hijos a padres es una de las realidades más duras que llegan a un despacho penal, porque quien denuncia suele querer proteger a su hijo al mismo tiempo que protegerse de él. Si el hijo es mayor de edad, el procedimiento es el ordinario del 153.2 o del 173.2, y una orden de alejamiento implica que tenga que salir de la casa familiar, a menudo sin otro sitio adonde ir. Si es menor, la Ley Orgánica 5/2000 permite medidas como la convivencia con un grupo educativo, pensadas para su reeducación y no solo para castigar.
En muchas de estas familias hay detrás un consumo de drogas o un trastorno de salud mental que merma la capacidad de controlarse, y acreditarlo con informes de especialistas puede abrir una atenuante, una medida de tratamiento o la rebaja del 153.4. Como abogado, tanto si defiendo al hijo como si represento a los padres en la acusación particular, el objetivo es el mismo: una solución penal que no agrave el daño que ya sufre la familia.
Si la agresión viene de un hijo, de un hermano o de otro familiar, también puedes pedir una orden de protección: el artículo 544 ter de la Ley de Enjuiciamiento Criminal la prevé para todas las personas del 173.2, no solo para la pareja. Se solicita en el juzgado, en sede policial o a través de los servicios sociales, y el juez resuelve tras una audiencia urgente. Pedir ayuda no te obliga a romper con tu familia: lo que se acuerde puede ajustarse a lo que de verdad necesitas.
Personarte como acusación particular te permite proponer pruebas, intervenir en la comparecencia de medidas y reclamar la indemnización por el daño físico y moral. Como abogado de la víctima, te doy asesoramiento y te asisto con cita previa en mi despacho de Murcia o en la oficina de Alicante, para que tu protección no quede solo en manos del atestado. Lo que no hago nunca es llevar a la vez la defensa y la acusación en un mismo asunto.
La víctima. La de género exige que sea o haya sido esposa o mujer ligada al autor por análoga relación de afectividad. La doméstica cubre al resto del círculo del artículo 173.2: hijos, padres, hermanos, menores y personas vulnerables del núcleo familiar. Cambian el juzgado competente y el tramo de pena.
Es la misma realidad que aquí se llama violencia doméstica, dicha con otro nombre, igual que cuando se habla de malos tratos en el ámbito familiar. El Código Penal no usa ninguna de esas expresiones: habla de las personas del artículo 173.2, y ahí caben tanto la convivencia como los vínculos de parentesco sin convivencia.
Entra igualmente, porque el artículo 173.2 protege a los ascendientes. Se tramita como violencia doméstica, y si el hijo es menor de dieciocho años el asunto va a la jurisdicción de menores, con un régimen y unas medidas distintos. Allí interviene el equipo técnico de la Fiscalía de Menores, y el objetivo es sobre todo la reeducación.
El artículo 173.3 manda atender al número de actos de violencia acreditados y a su proximidad temporal, con independencia de que se hayan ejercido sobre la misma o distintas víctimas del artículo y de que se hayan enjuiciado o no en procesos anteriores. Un relato genérico no basta: hacen falta hechos concretos.
No cierra el procedimiento. Estos delitos son públicos y la acusación la sostiene el Ministerio Fiscal aunque quien denuncia no quiera continuar. Lo que sí puede hacer es acogerse a la dispensa de declarar contra un familiar, con los límites que fija la ley. Aun así, el procedimiento sigue en manos del fiscal y del juez.
Que se comete el delito del artículo 468.2, con prisión de seis meses a un año en todo caso, y el hecho de que la víctima haya consentido el encuentro no lo excusa. La medida solo la levanta el juzgado que la impuso.
El Código Penal prevé la inhabilitación para el ejercicio de la patria potestad, tutela, curatela, guarda o acogimiento, hasta cinco años en el maltrato habitual, cuando el juez lo estime adecuado al interés del menor. No es automática y se discute con informes y con la situación familiar acreditada. Si hay un divorcio o una separación en marcha, el juzgado de familia tendrá en cuenta lo que se decida en la vía penal.
No hay un indicador único, pero sí señales claras. Un buen abogado te pide la documentación antes de opinar, te explica la diferencia entre el 153.2 y el 173.2 aplicada a tus hechos, te dice qué puede salir mal y no te promete resultados. Puedes comprobar en el colegio de abogados que está colegiado y preguntarle qué experiencia tiene en asuntos penales como el tuyo. Desconfía de quien te garantiza un archivo en la primera conversación. Pide también un presupuesto claro por escrito antes de empezar.
Sí. Cuando la víctima es un hombre y quien agrede es su pareja o expareja mujer, también tras un divorcio, el hecho se califica por el 153.2 o, si es habitual, por el 173.2, como violencia doméstica. Lo instruye el juzgado de instrucción ordinario, no el de violencia sobre la mujer, y la víctima, con su abogado, puede igualmente pedir una orden de protección y personarse como acusación particular para reclamar la indemnización que corresponda.
Puede serlo. El 173.2 incluye a los hermanos por naturaleza, adopción o afinidad, propios o del cónyuge o conviviente, y el cuñado es hermano por afinidad. Si además hay convivencia, el encaje es más claro; sin ella, la calificación se discute y conviene revisarla desde el principio, porque de ella depende que se aplique el 153.2, con prisión, o un delito leve de lesiones o de maltrato de obra castigado con multa. Es lo primero que revisa un abogado ante estas denuncias.
Si la orden te prohíbe acercarte al domicilio donde viven, sí, aunque la vivienda también sea tuya o hayas vivido siempre allí. Es de lo que más cambia la vida de quien la recibe, y por eso conviene ir a la comparecencia con una solución alternativa concreta: dónde vas a vivir, cómo vas a seguir trabajando y qué contacto es posible con el resto de la familia. Incumplirla, aunque tus padres te dejen entrar, es delito. Si cambian las circunstancias, tu abogado puede pedir que se modifique.
Sí, con los requisitos generales del art. 80 del Código Penal: que la pena no supere los dos años, que sea la primera condena y que se haya satisfecho la responsabilidad civil o haya un compromiso de pago. El juez puede condicionar la suspensión a prohibiciones de aproximación, a programas formativos o a un tratamiento si hay un problema de adicciones. Si durante el plazo se comete un nuevo delito o se incumplen las condiciones, la suspensión puede revocarse.
La denuncia o la citación, la resolución de medidas cautelares si ya la hay, y los informes médicos o los mensajes que existan. Con eso se ve si el asunto va por el artículo 153 o por el 173.2, y qué margen queda en la comparecencia. Llevo violencia doméstica en Murcia y en Alicante, en defensa y en acusación particular. Los honorarios se pactan siempre por escrito en una hoja de encargo, con un presupuesto claro. Lo que me cuentes queda protegido por el secreto profesional y la confidencialidad.
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