Los ciberdelitos se investigan hacia atrás, siguiendo el dinero y las conexiones, y en ese camino acaban investigados ciudadanos que no montaron nada: quien prestó una cuenta, quien compartió una contraseña, quien reenvió un archivo. Como abogado de delitos informáticos en Murcia y Alicante, defiendo a quien es investigado y también a quien ha sido víctima y quiere denunciar. Me dedico en exclusiva al derecho penal desde 2015, y en estos asuntos la defensa exige entender cómo funcionan las tecnologías que se investigan.
Estafa informática: manipulación para lograr una transferencia no consentida
Prisión por estafa informática, daños informáticos o suplantación
Prisión por blanqueo si se recibe el dinero de la estafa (art. 301)
Prisión por sabotaje informático agravado (art. 264 bis.2)
En casi todo fraude por internet hay una cuenta intermedia por la que pasa el dinero, y a su titular se le suele llamar mulero. Mucha gente presta esa cuenta creyendo que hace un favor o que ha encontrado un trabajo de intermediario, sin saber de dónde viene el dinero. El problema es el marco penal: la estafa informática del artículo 249 se castiga con prisión de seis meses a tres años, pero al receptor se le acusa de blanqueo de capitales, que el artículo 301 castiga con prisión de seis meses a seis años y multa del tanto al triplo del valor de los bienes. El eslabón más visible y menos beneficiado es el que se enfrenta a la pena más alta.
Y ahí está justamente la defensa. El artículo 301 exige que el autor actúe sabiendo que los bienes proceden de una actividad delictiva. Ese conocimiento no se presume: se prueba, y se discute con las conversaciones, con la apariencia de la oferta recibida y con lo que el investigado hizo en cuanto supo lo que estaba pasando. Es una de las claves de estos casos, y el abogado tiene que trabajarla desde la primera declaración del investigado, mucho antes de que el proceso llegue a juicio y pase a ser acusado.
Cuatro familias que concentran la mayoría de estos procedimientos. La intimidad y los datos personales tienen página propia: los trato en el delito de revelación de secretos. Cada una de esas cuatro familias protege un bien distinto (el patrimonio, la privacidad de los sistemas, su integridad y la identidad), y en la práctica un mismo caso puede tocar varios ámbitos a la vez.
Desde la reforma de 2022, el artículo 249 castiga con prisión de seis meses a tres años a quien, con ánimo de lucro, obstaculiza o interfiere en el funcionamiento de un sistema de información, o introduce, altera, borra o suprime datos, o se vale de cualquier manipulación informática, y consigue una transferencia no consentida de un activo patrimonial. La misma pena se aplica al uso fraudulento de tarjetas y otros medios de pago distintos del efectivo, y a quien fabrica o facilita a terceros los programas, dispositivos o datos diseñados para cometer estas estafas.
Acceder a un sistema de información vulnerando las medidas de seguridad, facilitar ese acceso a otro o mantenerse dentro contra la voluntad de quien puede excluirte se castiga con prisión de seis meses a dos años. Interceptar transmisiones no públicas de datos, incluidas las emisiones electromagnéticas, con prisión de tres meses a dos años o multa. Y el artículo 197 ter castiga producir o facilitar programas informáticos o contraseñas concebidos para cometer estos delitos. El acceso ilícito es el delito de quien entra sin permiso en el correo, en el móvil o en los perfiles de otro, y se comete aunque no se llegue a copiar nada.
Borrar, dañar, alterar o hacer inaccesibles datos, programas o documentos electrónicos ajenos de manera grave: prisión de seis meses a tres años, que sube de dos a cinco años y multa del tanto al décuplo si hay organización criminal, daños de especial gravedad o un número elevado de sistemas afectados. Obstaculizar o interrumpir el funcionamiento de un sistema ajeno se castiga igual, en su mitad superior cuando perjudica de forma relevante la actividad de una empresa o de una Administración, y de tres a ocho años en los supuestos agravados. En el entorno profesional, estos ataques llegan a menudo a través de programas que cifran los archivos para pedir un rescate o de accesos de antiguos empleados, y el estado de la ciberseguridad del sistema afectado es una de las cuestiones que se analizan en la pericial.
Usurpar el estado civil de otra persona se castiga con prisión de seis meses a tres años, y exige algo más que abrir un perfil falso: implica arrogarse la identidad ajena de forma sostenida para actuar como si fuera ella. Cuando la conducta se queda en usar el nombre o la foto de alguien, suele encajar en otros tipos. Lo desarrollo en la suplantación de identidad, y si hay imágenes íntimas de por medio, en la sextorsión. Cuando el perfil falso busca perjudicar la imagen o la reputación de alguien, entran también en juego los delitos contra el honor.
Un delito informático es cualquier delito que se comete a través de ordenadores, teléfonos, redes de telecomunicaciones o internet, o que tiene como objetivo los propios sistemas, los datos o los archivos de otra persona. No es una categoría cerrada: el mismo acto puede ser una estafa, un acceso ilícito, unos daños o una usurpación de identidad según cómo se haga y qué se consiga con él.
La ciberdelincuencia ha cambiado mucho en pocos años. Muchos ataques ya no los organiza una sola persona: hay grupos que venden o alquilan el software malicioso, las listas de tarjetas de crédito robadas o el acceso a sistemas ya comprometidos, lo que se conoce como cibercrimen como servicio. Por eso en un mismo procedimiento aparecen a la vez quien diseñó el ataque, quien lo ejecutó desde otro país y quien prestó su cuenta para cobrar, y cada uno tiene una responsabilidad distinta.
Los ciberdelincuentes llegan a la víctima casi siempre por el mismo camino: un correo electrónico, un SMS o un mensaje en redes sociales que lleva a sitios web falsos o que instala malware en el equipo. A partir de ahí pueden vaciar cuentas bancarias, usar los datos de tarjetas, suplantar la identidad de la persona o cifrar los archivos de una empresa y paralizar su actividad. Además del daño económico, muchas víctimas sufren estrés y ansiedad, sobre todo cuando se difunden datos o imágenes personales.
La lucha contra estos delitos es internacional: gobiernos y cuerpos policiales de todo el mundo cooperan a través de instrumentos como el Convenio sobre la Ciberdelincuencia del Consejo de Europa, y en España investigan unidades especializadas de la Policía Nacional y de la Guardia Civil. Para quien es víctima, la protección empieza por el cuidado en el uso de las tecnologías; para quien es investigado, por saber qué se le atribuye exactamente.
Detrás de muchos ciberdelitos hay técnicas que se repiten, y cada una encaja en un artículo distinto del Código Penal. Conocer cuál es la que se atribuye en tu caso es el primer paso para saber de qué hay que defenderse.
Phishing: correos electrónicos, SMS o sitios web que imitan a un banco o a una empresa conocida para que la víctima entregue sus contraseñas o los datos de su tarjeta. Si con esos datos se hace después una transferencia no consentida, es estafa informática del artículo 249.1.a.
Carding: uso fraudulento de los datos de tarjetas de crédito o débito para hacer compras u otras operaciones en perjuicio de su titular. El artículo 249.1.b lo castiga con prisión de seis meses a tres años.
Fraude del CEO: suplantar por correo electrónico a un directivo o a un proveedor para que alguien de la empresa ordene un pago a una cuenta controlada por los delincuentes. Se persigue como estafa.
Malware y keyloggers: programas maliciosos, como virus, troyanos, gusanos o keyloggers que registran lo que se teclea, para entrar en un equipo o capturar datos. Producirlos o facilitarlos con esa intención ya es delito (arts. 197 ter y 264 ter), y usarlos para entrar en un sistema es acceso ilícito (art. 197 bis).
Ransomware: cifra los archivos de una persona o de una empresa y exige un rescate para devolverlos. Hacer inaccesibles datos ajenos de forma grave es delito de daños informáticos (art. 264), y la exigencia del rescate puede constituir además una extorsión. Pagar no garantiza recuperar los archivos.
Ataques DDoS: saturan un servidor o una web con tráfico masivo para dejarlos inaccesibles. Encajan en la obstaculización de sistemas informáticos del artículo 264 bis, castigada con prisión de seis meses a tres años.
Interceptación o sniffing: capturar con artificios técnicos transmisiones no públicas de datos, por ejemplo en una red wifi, sin autorización. La castiga el artículo 197 bis.2.
En los ciberdelitos la prueba es técnica, y eso juega a favor de la defensa más de lo que parece: lo que el atestado presenta como certeza suele ser una inferencia. Por eso, cuando el caso lo requiere, se encarga una pericial informática de parte a especialistas en análisis forense, y el resultado de esos expertos puede contradecir el del atestado.
La investigación llega a un titular de línea, a un dispositivo o a una cuenta, no a unas manos concretas sobre un teclado. Redes wifi compartidas, equipos de uso familiar, direcciones dinámicas, servicios que enmascaran el origen y credenciales robadas rompen esa cadena a diario. Atribuir la autoría exige algo más que la titularidad del acceso, y ese salto es donde con más frecuencia falla la acusación. Es uno de los detalles técnicos que más pesan en la defensa.
Cuando se acusa de blanqueo a quien recibió una transferencia, el artículo 301 exige que supiera que los bienes procedían de una actividad delictiva. Las conversaciones con quien le contactó, la apariencia de la oferta, la existencia de un contrato aparente y la reacción al descubrir el engaño son la prueba real de ese conocimiento, y con frecuencia apuntan a alguien engañado más que a un partícipe. Es una de las vías de defensa del titular de la cuenta, y se construye con los mensajes, los contratos o documentos que le enviaron y el contexto en que aceptó la oferta.
Volcados de dispositivos, capturas, registros de conexión y datos de tráfico deben incorporarse con las garantías debidas y ser íntegros y verificables. Se revisan las autorizaciones judiciales que amparan cada obtención, la integridad de los volcados y si lo aportado es la conversación completa o un recorte. Una prueba obtenida sin cobertura o sin garantía de integridad puede quedar fuera del procedimiento, y con ella el resto de lo que dependa de esa fuente. Detrás están los derechos fundamentales al secreto de las comunicaciones y a la intimidad del artículo 18 de la Constitución: cualquier actuación sobre un teléfono o un ordenador que los afecte necesita autorización judicial, salvo las excepciones que la ley prevé.
De la conducta más leve a la más grave. Interesa mirar dónde queda el receptor del dinero, que casi nunca es quien más gana y sí a quien más pena se le pide.
| Artículo | Conducta | Pena |
|---|---|---|
| Art. 197 bis | Acceder a un sistema ajeno o interceptar transmisiones de datos | Prisión de 3 meses a 2 años o multa |
| Arts. 197 ter y 264 ter | Facilitar programas o contraseñas para cometer estos delitos | Prisión de 6 meses a 2 años o multa de 3 a 18 meses |
| Art. 249 | Estafa informática, phishing y uso fraudulento de medios de pago | Prisión de 6 meses a 3 años |
| Art. 264.1 | Borrar, dañar o hacer inaccesibles datos o programas ajenos | Prisión de 6 meses a 3 años |
| Art. 264 bis | Obstaculizar o interrumpir el funcionamiento de un sistema ajeno | Prisión de 6 meses a 3 años, y de 3 a 8 en los agravados |
| Art. 264.2 | Daños con organización criminal, especial gravedad o muchos sistemas | Prisión de 2 a 5 años y multa del tanto al décuplo |
| Art. 401 | Usurpar el estado civil de otra persona | Prisión de 6 meses a 3 años |
La pena del artículo 264 bis.1 se impone en su mitad superior cuando el sabotaje perjudica a una empresa o a una Administración, y los supuestos agravados del 264 bis.2 llegan a prisión de 3 a 8 años y multa del triplo al décuplo. Cuando lo que se recibe o se mueve son bienes que proceden de un delito, el artículo aplicable es el 301.1, con prisión de 6 meses a 6 años y multa del tanto al triplo.
En estos procedimientos lo habitual no es la detención, sino una citación cuando la investigación ya lleva meses siguiendo el rastro del dinero. Se comparece preparado, sabiendo qué consta en el atestado. Más sobre la asistencia al investigado. En esa comparecencia el investigado tiene derechos que conviene ejercer bien, empezando por el de no declarar hasta conocer las actuaciones, y acudir con abogado es lo prudente.
Movimientos bancarios, registros de conexión, titularidad de cuentas y dispositivos, y las conversaciones íntegras con quien contactó al investigado. En las estafas en cadena, situar a cada uno en su eslabón es la mitad del trabajo. Cada eslabón tiene una relación distinta con el dinero y con quien organizó el engaño, y lo que se discute es precisamente esa relación.
Se comprueba con qué autorización se obtuvo cada dato, si los volcados son íntegros y verificables y si la atribución a alguien concreto se sostiene o se apoya solo en la titularidad de una línea. Cuando la cifra o la autoría dependen de una pericial, se pide contrapericial. Las mismas garantías se exigen cuando la prueba la aporta la acusación particular, por ejemplo una compañía que entrega sus propios registros, o cuando son mis clientes quienes aportan documentos a su favor.
La devolución de lo recibido antes del juicio oral opera como atenuante de reparación del daño y en estos casos pesa mucho, sobre todo cuando el investigado es el último eslabón. Y si vamos a juicio, defensa ante los juzgados de lo penal y la Audiencia Provincial de Murcia y de Alicante. En la Región, la Audiencia Provincial de Murcia tiene también secciones en Cartagena, y los juzgados de lo penal se reparten por partidos judiciales.
Lo primero es saber en qué eslabón te sitúan y qué prueba técnica lo sostiene. Cuéntame qué consta y con cuánto margen contamos. Atiendo con cita previa en Murcia y en Alicante, y con mis clientes empiezo siempre por analizar el caso y sus opciones.
De seis meses a tres años en la estafa informática, los daños informáticos y la suplantación; de dos a cinco años en los supuestos agravados del artículo 264.2; y de tres a ocho años en el sabotaje informático más grave.
De seis meses a seis años y multa del tanto al triplo del valor de los bienes para quien recibe o mueve el dinero sabiendo que procede de un delito. Es la acusación que suele recaer sobre el titular de la cuenta intermedia, y la de marco más alto de toda esta página.
Devolución de lo defraudado e indemnización del perjuicio, incluido el coste de restaurar los sistemas dañados. Se resuelve en la misma sentencia penal, se ejecuta contra el patrimonio y su pago condiciona la suspensión de la condena. La acusación particular asume la representación de los intereses del perjudicado en este punto, y la defensa puede discutir la cuantía reclamada.
Antes de que llegue el juicio suelen acordarse el bloqueo de las cuentas implicadas y la intervención de ordenadores y teléfonos, que quedan retenidos durante meses. Para un autónomo o una empresa, esa medida cautelar puede pesar más en el día a día que la propia pena. Por eso se pide cuanto antes el levantamiento de esas medidas o, al menos, la devolución de los equipos que no sean necesarios para la investigación, porque causan problemas en la vida laboral y familiar del investigado.
Me dedico en exclusiva al derecho penal desde 2015, y esa especialización, junto con la experiencia acumulada desde entonces, es la que aplico a los delitos informáticos: saber cómo se investiga un asunto así y qué exige cada diligencia. Mi formación combina el grado en Derecho por la UCAM y la licenciatura en Criminología por la Universidad de Murcia, y estoy colegiado en el ICAMUR (n.º 8023) y en el ICAM (n.º 131239). Cuando el caso lo requiere, se encargan periciales de parte a especialistas en informática forense, porque las nuevas tecnologías cambian rápido y la prueba técnica hay que discutirla con rigor.
Atiendo con cita previa en el despacho de la C. Alejandro Seiquer, 6, Entresuelo E, en Murcia, y en la oficina de C. Capitán Dema, 3, en Alicante. Lo que me cuentas queda bajo la protección del secreto profesional del abogado y con plena confidencialidad. Antes de empezar firmamos una hoja de encargo con los servicios que incluye y los honorarios pactados por escrito, con un presupuesto claro, para que la relación de confianza con mis clientes empiece sin dudas. El objetivo es que entiendas en cada momento en qué punto está tu asunto y qué estrategia seguimos según tus necesidades durante todo el proceso.
Buena parte de los delitos que llegan hoy al juzgado se cometen a través de las redes sociales o de aplicaciones de mensajería. Las amenazas enviadas por WhatsApp o desde un perfil anónimo son amenazas del Código Penal, igual que si se hicieran cara a cara. Lo que se suele llamar ciberacoso encaja en el delito de acoso del artículo 172 ter cuando alguien, de forma insistente y reiterada, intenta establecer contacto con otro por cualquier medio de comunicación y altera así el normal desarrollo de su vida cotidiana; se castiga con prisión de tres meses a dos años o multa de seis a veinticuatro meses, y con más pena si la víctima es la pareja o expareja. Si se trata de violencia sobre la mujer, el asunto pasa a los juzgados especializados en esa materia.
Las injurias y calumnias publicadas en redes atentan contra el honor y el Código Penal las castiga más cuando se hacen con publicidad; lo explico en los delitos contra el honor. Como abogado, llevo tanto la defensa de quien es acusado de estos hechos como la representación de quien sufre una campaña de intimidación en la red, necesita protección y quiere ejercer la acusación.
El artículo 270 del Código Penal castiga los delitos contra la propiedad intelectual con prisión de seis meses a cuatro años y multa de doce a veinticuatro meses: los comete quien, con ánimo de obtener un beneficio económico directo o indirecto y en perjuicio de tercero, reproduce, plagia, distribuye o comunica públicamente una obra sin autorización de los titulares de los derechos de autor. Alcanza también a quien, desde servicios de la sociedad de la información, facilita de forma activa el acceso a contenidos protegidos, y abarca situaciones muy distintas, como la venta de copias de programas, cursos o series.
No toda infracción de derechos de autor es delito: muchas se resuelven por la vía civil, y la frontera depende del ánimo de lucro y del perjuicio causado. En el mismo terreno está la propiedad industrial, con el uso de marcas ajenas en tiendas online, que el Código Penal castiga en el artículo 274. En esta materia, como abogado, reviso quién es el titular real de los derechos, qué beneficio se obtuvo y si la conducta tiene relevancia penal o se queda en un conflicto civil.
Para una compañía, los delitos informáticos tienen dos caras y afectan a ámbitos muy distintos de su actividad. Puede sufrir un acceso ilícito, un sabotaje o la filtración de información por parte de un empleado, y en ese caso interesa denunciar pronto y conservar los registros del sistema. Pero también puede responder penalmente: el artículo 31 bis del Código Penal permite condenar a la propia sociedad por algunos de estos delitos, como el acceso ilícito, los ataques a sistemas o la estafa informática, cuando se cometen en su beneficio por directivos o empleados sin el debido control.
Un modelo de prevención eficaz, con políticas internas de ciberseguridad, de privacidad y de uso de las tecnologías y los equipos, puede eximir de esa responsabilidad o atenuarla, y además ayuda frente a las sanciones administrativas que pueda imponer la autoridad de control. En estos asuntos, como abogado, me ocupo de la defensa de la sociedad o de su acusación y, cuando mis clientes son empresas, reviso con sus profesionales las políticas que había en el momento de los hechos.
La mayoría de los fraudes por internet aprovechan descuidos que se pueden evitar: usar contraseñas largas y distintas para cada cuenta, activar la verificación en dos pasos, mantener actualizados el sistema y las aplicaciones, hacer copias de seguridad fuera del equipo, que son la mejor defensa frente al ransomware, desconfiar de correos y mensajes que meten prisa o piden datos, y no operar con el banco desde redes wifi públicas.
Si ya ha ocurrido, lo primero es conservar las pruebas: capturas, correos con sus cabeceras, números de operación y extractos bancarios. Después conviene llamar al banco para bloquear tarjetas y reclamar las operaciones no autorizadas, cambiar las contraseñas desde un equipo limpio y denunciar cuanto antes.
En España se puede denunciar ante la Policía Nacional, la Guardia Civil, la policía autonómica cuando corresponda o directamente en el juzgado de guardia. El INCIBE atiende además consultas de ciberseguridad en el teléfono 017. Si sabes o sospechas quién está detrás, una querella permite personarte como acusación particular, pedir diligencias concretas, como el rastreo de cuentas y direcciones IP, y reclamar la indemnización.
El artículo 249 castiga la estafa informática con prisión de seis meses a tres años. La misma pena se aplica al uso fraudulento de tarjetas y otros medios de pago, y a quien fabrica o facilita los programas o los datos diseñados para cometer estas estafas.
Sí, y con una pena más alta que la de la propia estafa: el artículo 301 castiga con prisión de seis meses a seis años a quien recibe o mueve bienes sabiendo que proceden de una actividad delictiva. La clave está precisamente en ese conocimiento, que la acusación tiene que probar y que en muchos casos no concurre porque el titular de la cuenta también fue engañado. En estas situaciones, mi objetivo como abogado es acreditar ese engaño con los mensajes y el contexto de la oferta.
El artículo 197 bis castiga con prisión de seis meses a dos años acceder a un sistema de información vulnerando las medidas de seguridad, facilitar ese acceso a otro o mantenerse dentro contra la voluntad de quien tiene derecho a excluirte. Si además se accede a datos personales o se difunden, entran en juego los tipos del artículo 197, que trato en revelación de secretos. Es habitual tras una ruptura, cuando uno de los dos conserva las claves de las redes sociales o del correo del otro.
No debería. La IP identifica una línea o un dispositivo, no a una persona, y entre una cosa y otra hay redes compartidas, equipos de uso familiar, direcciones dinámicas y credenciales robadas. La acusación necesita elementos adicionales que sitúen a alguien concreto al otro lado, y ese es uno de los puntos más discutibles de estos procedimientos. Un abogado con formación técnica sabe dónde buscar esas grietas en el atestado.
Denunciar cuanto antes y conservar la prueba: capturas completas con fecha y remitente visibles, correos con sus cabeceras, justificantes de las transferencias y cualquier comunicación con quien te contactó. La rapidez importa porque el bloqueo de las cuentas de destino solo funciona en las primeras horas, y porque los datos de conexión no se conservan indefinidamente.
Es obstaculizar o interrumpir de manera grave el funcionamiento de un sistema informático ajeno, que el artículo 264 bis castiga con prisión de seis meses a tres años. La pena se impone en su mitad superior, pudiendo llegar a la superior en grado, cuando se perjudica de forma relevante la actividad de una empresa, un negocio o una Administración, y alcanza de tres a ocho años en los supuestos agravados. Afecta especialmente a negocios y profesionales que dependen de sus sistemas para trabajar.
No hay un capítulo del Código Penal con ese nombre. Se habla de delito informático para referirse a los que se cometen a través de sistemas informáticos o contra ellos: la estafa informática, el acceso ilícito a sistemas, el sabotaje informático, la revelación de secretos, la suplantación de identidad, los delitos contra la propiedad intelectual o las amenazas y el acoso por redes sociales. Las leyes españolas se han ido adaptando al Convenio sobre la Ciberdelincuencia del Consejo de Europa, y cada conducta tiene su propio artículo y su propia pena.
El artículo 118 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal reconoce al investigado, entre otros, los derechos a ser informado de los hechos que se le atribuyen, a examinar las actuaciones con la debida antelación, a designar libremente abogado, a guardar silencio y a no confesarse culpable. En un delito informático conviene ejercerlos con cabeza: declarar sin conocer qué consta en el atestado puede cerrar vías de defensa que luego no se recuperan. Lo prudente es acudir con abogado, revisar antes la causa y decidir después si declarar y sobre qué.
Fíjate en tres cosas. Que se dedique al derecho penal y conozca cómo se investiga un asunto así, porque la defensa se juega en la prueba técnica. Que tenga conocimientos suficientes de tecnologías para discutir un volcado, una IP o un informe pericial sin depender por completo de los expertos. Y que te explique desde el principio la estrategia y los honorarios, pactados por escrito en una hoja de encargo con un presupuesto claro. En mi caso, me dedico en exclusiva al derecho penal desde 2015, con la experiencia que eso da, y trabajo cada asunto con confidencialidad.
Sí. Las amenazas son delito aunque se envíen por mensaje o desde un perfil anónimo, y el acoso insistente y reiterado que altera la vida cotidiana de la víctima encaja en el artículo 172 ter del Código Penal, que menciona expresamente el contacto a través de cualquier medio de comunicación. Si además se publican insultos o imputaciones falsas de delitos, entran en juego las injurias y calumnias, que se castigan más cuando se difunden con publicidad. Que el autor use un perfil falso no impide identificarlo: es una de las tareas de la investigación.
Si entra en zonas del sistema para las que no está autorizado o se mantiene dentro contra la voluntad del titular, puede cometer el acceso ilícito del artículo 197 bis, aunque trabaje allí. Si además se lleva información reservada para usarla o cederla a un competidor, el caso puede encajar en el descubrimiento y revelación de secretos de empresa de los artículos 278 y 279. La relación laboral no excluye el delito, pero obliga a que un abogado revise qué permisos tenía, qué políticas internas conocía y qué se le había autorizado a llevar a cabo.
En cualquier comisaría de la Policía Nacional, en un cuartel de la Guardia Civil, ante la policía autonómica cuando corresponda o en el juzgado de guardia. Conviene llevar todas las pruebas que tengas: capturas, correos, mensajes, números de operación y extractos. Si los daños son importantes o sabes quién está detrás, una querella con abogado te permite personarte desde el principio como acusación particular y pedir diligencias concretas.
En los delitos informáticos lo primero es situarte en el mapa: si te sitúan como autor de la estafa, como eslabón que recibió el dinero o como víctima que quiere denunciar. De eso dependen la calificación, la pena y la estrategia. Reviso el atestado, los movimientos y la prueba técnica antes de plantear nada. Desde el despacho te doy un asesoramiento claro sobre tu situación y te explico las vías que hay frente a la acusación y qué servicios incluye el encargo.
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