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Abogado de
delitos societarios en Murcia

Las disputas entre socios se pelean casi siempre en lo mercantil, pero hay un capítulo del Código Penal (los artículos 290 a 297) que castiga falsear las cuentas, imponer acuerdos abusivos desde la mayoría o negar al socio la información a la que tiene derecho. Tiene una particularidad decisiva: sin denuncia del perjudicado no hay procedimiento. Como abogado penalista en Murcia y Alicante, dedicado al derecho penal económico, trabajo esa frontera entre el pleito mercantil y el proceso penal. Atiendo a mis clientes con cita previa, con la experiencia de dedicarme solo al penal desde 2015 y con disponibilidad para estudiar cada caso con el detalle que exige.

Art. 296

Sin denuncia del agraviado no se persiguen estos delitos

1 a 3
años

Pena por falsear las cuentas anuales (art. 290)

6 a 12
meses

Multa por negar al socio su derecho de información (art. 293)

Art. 295

Suprimido en 2015: hoy la administración desleal es el art. 252

Sin denuncia del socio no hay delito que perseguir

Es la primera regla que hay que comprobar. El artículo 296 establece que los hechos de este capítulo solo son perseguibles mediante denuncia de la persona agraviada o de su representante legal. No basta con que los hechos existan ni con que alguien los ponga en conocimiento del juzgado: hace falta que denuncie quien ha sufrido el perjuicio. El Ministerio Fiscal solo puede hacerlo cuando el agraviado es menor de edad, persona con discapacidad necesitada de especial protección o una persona desvalida. Por eso lo primero que revisa un abogado penalista en estos casos es quién firma la denuncia y en nombre de quién.

La excepción está en el apartado segundo: no se exige denuncia cuando el delito afecta a los intereses generales o a una pluralidad de personas. Determinar en cuál de los dos escenarios estamos es lo primero que hay que resolver, porque de ahí depende que el procedimiento pueda siquiera abrirse. Es una cuestión técnica que los abogados especialistas en derecho penal económico estudian antes que ninguna otra.

Los delitos societarios del Código Penal, artículo por artículo

Junto a la estafa, la apropiación indebida y el blanqueo de capitales, los delitos societarios forman el bloque del derecho penal económico en España. Son cinco conductas, todas cometidas desde dentro de la sociedad y casi siempre en el marco de una disputa entre socios o con el órgano de administración. La definición de sociedad del artículo 297 es amplia: incluye cooperativas, mutuas, fundaciones, entidades financieras y cualquier otra que participe de modo permanente en el mercado. Por eso el capítulo afecta a muchas más estructuras y organizaciones de las que suele pensarse, desde una cooperativa agrícola hasta una fundación.

Falseamiento de cuentas (art. 290)

Los administradores de sociedades, de hecho o de derecho, que falsean las cuentas anuales u otros documentos que deban reflejar la situación jurídica o económica de la entidad, de forma idónea para causar un perjuicio a la sociedad, a un socio o a un tercero. Prisión de uno a tres años y multa de seis a doce meses, y las penas en su mitad superior si el perjuicio llega a causarse. No hace falta que el daño se produzca: basta con que el documento sea idóneo para causarlo. Aquí la experiencia del abogado penalista en lectura contable es decisiva: haber votado en contra de las cuentas o no haber participado en su formulación puede ser clave para la exoneración de un consejero.

Imposición de acuerdos abusivos (art. 291)

Prevalerse de la situación mayoritaria en la Junta o en el órgano de administración para imponer acuerdos abusivos, con ánimo de lucro propio o ajeno, en perjuicio de los demás socios y sin que reporten beneficio a la sociedad. Prisión de seis meses a tres años o multa del tanto al triplo del beneficio obtenido. Es el delito típico del socio mayoritario que exprime al minoritario. Suele ser la figura que más consultas genera entre socios minoritarios, y la que con más frecuencia se confunde con la simple impugnación de acuerdos.

Mayoría ficticia (art. 292)

La misma pena para quien impone o se aprovecha de un acuerdo lesivo adoptado por una mayoría que no era real: obtenida por abuso de firma en blanco, por atribución indebida del derecho de voto a quien legalmente carece de él, por negación ilícita de ese derecho a quien lo tiene reconocido por la ley, o por cualquier otro medio semejante. Y sin perjuicio de castigar el hecho como corresponda si además constituye otro delito. La prueba suele estar en las actas, en las firmas y en el régimen de mayorías de los estatutos.

Negación de los derechos de socio (art. 293)

Los administradores que sin causa legal niegan o impiden a un socio el ejercicio de los derechos de información, participación en la gestión, control de la actividad social o suscripción preferente de acciones reconocidos por las leyes. Multa de seis a doce meses. Es la vía penal del socio minoritario al que se le cierran las cuentas, y la más desconocida del capítulo. Muchos clientes descubren esta vía después de años pidiendo documentación sin respuesta, cuando la ley obliga a ponerla a su disposición en determinados supuestos.

El quinto es el artículo 294: los administradores de hecho o de derecho de una sociedad sometida a supervisión administrativa que niegan o impiden la actuación de las personas, órganos o entidades inspectoras o supervisoras. Prisión de seis meses a tres años o multa de doce a veinticuatro meses. Es el delito de obstrucción a la inspección, el que aparece cuando la sociedad opera en un mercado regulado.

Denuncia, idoneidad del documento y frontera con lo mercantil

En los delitos societarios la discusión empieza mucho antes del fondo del asunto: empieza en si el procedimiento penal puede abrirse. Por eso el abogado de derecho penal que interviene desde el principio tiene una posición mucho más sólida que el que llega con la querella ya presentada.

01

El requisito de la denuncia

El artículo 296 condiciona la persecución a la denuncia del agraviado, salvo que los hechos afecten a los intereses generales o a una pluralidad de personas. Eso abre dos frentes: desde la defensa, comprobar si quien denuncia está legitimado y si concurre de verdad la excepción; desde la acusación, presentar la denuncia en forma y por quien corresponde, porque un defecto ahí cierra la puerta al procedimiento entero. Como abogados penalistas, es lo primero que comprobamos al recibir el encargo, tanto si defendemos como si acusamos, porque condiciona toda la actuación posterior.

02

Si el documento era idóneo para perjudicar

El artículo 290 no castiga cualquier error contable. Exige que el falseamiento sea idóneo para causar un perjuicio económico a la sociedad, a un socio o a un tercero. Discrepancias de criterio contable, provisiones discutibles o valoraciones opinables no equivalen a falsear, y esa distinción (con pericial económica de por medio) es donde se resuelven la mayoría de estos asuntos. La valoración de expertos independientes es la herramienta clave.

03

Lo que es mercantil y lo que es penal

Un acuerdo social puede ser impugnable sin ser delictivo. El artículo 291 exige acuerdo abusivo, ánimo de lucro, perjuicio a los demás socios y ausencia de beneficio para la sociedad: los cuatro elementos, no solo el desacuerdo. Reconducir al terreno mercantil lo que nunca debió ser penal, o sostener que aquí sí concurren los cuatro, es el núcleo del trabajo. Es aquí donde un abogado penalista especialista en delitos económicos aporta más valor a sus clientes. Y si ya hay un pleito mercantil en marcha, conviene saber que la Ley de Enjuiciamiento Civil permite suspenderlo cuando los hechos investigados en la vía penal son decisivos para resolverlo.

Penas de los artículos 290 a 294

Las penas que fija el capítulo de los delitos societarios, todas ellas condicionadas al requisito de denuncia del artículo 296. Además, por regla general prescriben a los 5 años, un dato que todo abogado revisa al principio.

ArtículoConductaPena
Art. 293Negar al socio información, participación o controlMulta de seis a doce meses
Art. 291Imponer acuerdos abusivos desde la mayoríaPrisión de 6 meses a 3 años o multa del tanto al triplo
Art. 292Acuerdo lesivo adoptado por mayoría ficticiaLa misma pena del artículo 291
Art. 294Impedir la actuación de inspectores o supervisoresPrisión de 6 meses a 3 años o multa de 12 a 24 meses
Art. 290Falsear las cuentas anuales u otros documentosPrisión de 1 a 3 años y multa de 6 a 12 meses
Art. 290Si el perjuicio económico llega a causarseLas penas anteriores en su mitad superior
Art. 252Administración desleal (antes art. 295, suprimido)Las penas del art. 248 o, según cuantía, las del art. 250

El artículo 295, que castigaba la administración desleal societaria, fue suprimido por la reforma de 2015: esa conducta se persigue hoy por el artículo 252 como delito común, aplicable a cualquiera que gestione un patrimonio ajeno y no solo al de una sociedad. Merece la pena comprobarlo en cualquier documento que se consulte, porque siguen circulando textos que citan el 295 como si estuviera vigente. En el artículo 294 la autoridad judicial puede acordar además alguna de las medidas del artículo 129. Cualquier despacho de derecho penal que preste servicios en este terreno debe tener presentes estos cambios.

Del conflicto entre socios a la sentencia

Ver si hay delito o solo conflicto

Actas, cuentas depositadas, convocatorias, requerimientos de información y correspondencia entre socios. Buena parte de lo que llega como delito societario se resuelve mejor y antes por la vía mercantil, y saberlo desde el principio ahorra tiempo. Esa primera revisión con un abogado penalista es también la mejor preparación para decidir. Si tienes informes del auditor o de tu asesoría, o una póliza de seguro de directivos, conviene revisar también su cobertura.

La denuncia y la legitimación

Comprobar quién puede denunciar conforme al artículo 296 y si concurre la excepción de intereses generales o pluralidad de afectados. Es el filtro de entrada del capítulo y decide si el procedimiento se abre o no. Ningún abogado debería saltarse este filtro, porque de él depende el éxito o el archivo de todo lo demás.

La pericial económica

En el artículo 290 todo gira sobre si los documentos eran idóneos para causar un perjuicio. Eso se acredita con un informe pericial que compare lo contabilizado con la realidad de la entidad, no con alegaciones. Los abogados penalistas que llevamos estos casos encargamos esa pericial a expertos independientes, porque su complejidad técnica lo exige.

Defensa o acusación particular

Desde la defensa, discutir la legitimación, la idoneidad del documento y la naturaleza mercantil de la disputa. Desde la acusación, sostener los elementos del tipo y pedir la responsabilidad civil con el perjuicio bien cuantificado. En los dos lados, la intervención del abogado desde el primer momento evita errores que luego no tienen arreglo. Mis servicios, coordinados cuando hace falta con otros profesionales de la empresa como auditores o asesores fiscales, incluyen la revisión previa de la documentación, la asistencia en la declaración, la querella o la oposición a ella y el asesoramiento durante la negociación.

¿Te han cerrado las cuentas de tu propia sociedad?

Negar al socio el derecho de información puede ser delito. Cuéntame qué has pedido y qué te han contestado. Lo valoro como abogado penalista y te digo con franqueza si hay caso.

Lo que decide un procedimiento societario

Artículo 296 del Código Penal

El filtro de la denuncia

Sin denuncia del agraviado no hay persecución, salvo que los hechos afecten a los intereses generales o a una pluralidad de afectados. Es el primer punto que se examina y, con frecuencia, el que resuelve el asunto sin llegar al fondo. Es de las primeras preguntas de la consulta inicial, y el asesoramiento del abogado empieza precisamente por ahí.

Artículo 290 del Código Penal

La idoneidad del falseamiento

No se exige que el perjuicio se produzca, solo que el documento sea idóneo para causarlo. Y si llega a causarse, las penas suben a su mitad superior. Entre el error contable discutible y el falseamiento idóneo hay un espacio que se pelea con pericial. Los abogados especialistas de ambas partes suelen apoyarse en expertos contables, y el juez decide entre sus análisis.

Artículo 291 del Código Penal

Cuatro elementos, no uno

Acuerdo abusivo, ánimo de lucro propio o ajeno, perjuicio a los demás socios y ausencia de beneficio para la sociedad. Faltando cualquiera de ellos el acuerdo podrá impugnarse en lo mercantil, pero no será delito. Un abogado penalista con especialización y experiencia los examina uno por uno, a través de las actas y de la contabilidad.

Artículo 297 del Código Penal

Qué se considera sociedad

Cooperativas, cajas de ahorro, mutuas, entidades financieras o de crédito, fundaciones, sociedades mercantiles y cualquier entidad análoga que participe de modo permanente en el mercado. El capítulo alcanza mucho más allá de la sociedad limitada al uso. Y alcanza también a individuos que gestionan de hecho sin figurar en el Registro Mercantil. En todas ellas, un sistema de cumplimiento y buen gobierno, ajustado a las necesidades de cada empresa, reduce el riesgo de que el problema llegue a los tribunales.

Delitos económicos vecinos: administración desleal, apropiación indebida y estafa

Lo que un socio vive como un delito societario encaja muchas veces mejor en una figura distinta de los delitos económicos del Código Penal, y elegir bien la calificación es el primer paso de cualquier estrategia. Cuando quien gestiona la compañía carga gastos personales a la empresa, cobra comisiones ocultas o firma contratos con sociedades vinculadas o infla la contratación de servicios a empresas afines en perjuicio de la compañía, la figura suele ser la administración desleal del 252. Si se queda con dinero o bienes que recibió con obligación de entregarlos o devolverlos, hablamos de apropiación indebida. Y si hubo engaño para obtener un desplazamiento económico, de estafa. Los pagos injustificados desde la caja social, las facturas por servicios que nunca se prestaron o los impagos provocados para vaciar la compañía ante sus acreedores pueden abrir además la puerta a la falsedad documental o a las insolvencias punibles.

Hay una diferencia práctica que pesa mucho: la apropiación indebida, la estafa o la administración desleal no exigen la denuncia del agraviado del 296, aunque casi siempre las impulsa el perjudicado. Ocurre igual que con los delitos que se persiguen de oficio, como los delitos contra la salud pública, el tráfico de drogas, las lesiones graves o la violencia de género, donde la voluntad de la víctima no detiene el procedimiento. Ese contraste es uno de los argumentos de defensa y de acusación más relevantes en el área del derecho penal económico.

Cómo elegir al mejor abogado penalista para un asunto societario

Entre los abogados penalistas de Murcia hay buenos profesionales, y la selección no debería depender de rankings ni de quién aparece entre los mejores abogados de un listado, sino del perfil del asunto. La profesionalidad se ve en cómo te explican tu caso, y la elección es tuya. Un caso societario exige capacidad para leer balances, actas y libros como lo haría un experto contable, y conocer a la vez el derecho mercantil y el derecho penal. Busca abogados especialistas en derecho penal, no generalistas, con especialización en delitos económicos, experiencia en pericial económica y trayectoria tanto con investigados como en acusación particular.

Mi especialidad y mi única área de trabajo es el derecho penal: me dedico en exclusiva a esta materia desde 2015, soy graduado en Derecho por la UCAM y licenciado en Criminología por la Universidad de Murcia, y estoy colegiado en el ICAMUR (n.º 8023) y en el ICAM (n.º 131239), algo que puedes comprobar en el censo de cada colegio de abogados. Llevo tanto la defensa del investigado como la acusación del socio perjudicado, y esa doble posición me permite anticipar los argumentos de la otra parte.

Antes de empezar, los servicios que vas a recibir, las fases que cubre el encargo y los honorarios quedan pactados por escrito en una hoja de encargo, con un presupuesto claro. El compromiso es de medios y no de resultado: ni siquiera los mejores abogados pueden garantizar cómo terminará una causa penal. Lo que sí te aseguro es claridad, comunicación directa conmigo y atención a tus necesidades concretas.

Si te citan como investigado: el procedimiento fase a fase

Cuando el juzgado admite la querella del socio, quien gestionaba la compañía recibe una citación para declarar como investigado en el juzgado de instrucción. La asistencia letrada en esa primera declaración es decisiva, porque condiciona el resto del proceso, y conviene prepararla con tu abogado penalista tras una revisión completa de la documentación aportada con la querella: actas, balances, correos y cualquier informe pericial de la acusación. Declarar o no, y sobre qué, es una decisión estratégica.

En la fase de instrucción se practican las pruebas: requerimientos al Registro Mercantil, testificales de socios y empleados y, casi siempre, una pericial económica. En causas por delitos económicos la instrucción está sujeta a plazos legales, aunque suele prorrogarse por su complejidad, y la especialidad del abogado en pericial económica pesa mucho en esta fase. Si la acusación reclama una cantidad elevada, el juzgado puede exigir fianza para asegurarla, y la actuación de la defensa en ese momento evita embargos desproporcionados sobre el negocio. Terminada la instrucción, en la fase intermedia se decide si hay juicio o sobreseimiento, y la vista oral se celebra ante el Juzgado de lo Penal, cuya sentencia puede recurrirse en apelación ante la Audiencia Provincial.

Mientras tanto, la empresa sigue funcionando y su reputación también está en juego. Por eso tu abogado penalista coordina la estrategia procesal con la asesoría legal de la compañía y con sus especialistas en mercantil, para que las decisiones del día a día no se conviertan en nuevas pruebas en contra.

Asesoramiento penal a empresas y socios en la Región de Murcia

La mayoría de estos asuntos nacen en pymes y empresas familiares, donde la ruptura personal entre socios arrastra la societaria. En la Región de Murcia el tejido empresarial es variado (agroalimentación, construcción, logística o comercio) y en cualquier zona, con independencia del volumen de negocio, el perfil se repite: una mayoría que deja de convocar Juntas, una política de dividendos que nunca reparte o un socio al que se le niega el acceso a los libros. Atiendo asuntos de toda el área de Murcia, de Cartagena o de Lorca, y de cualquier zona de la Región, con cobertura también en la provincia de Alicante, donde el despacho, con sede en Murcia, tiene también oficina.

El objetivo no siempre es llegar a juicio. A veces la mejor salida pasa por una negociación con un plan de salida que termine con la compra de participaciones, una separación ordenada o la disolución de la compañía, y la vía penal funciona solo como respaldo. Otras, la reclamación penal es la única forma de proteger los derechos del socio y la reputación de la empresa, y mi compromiso es decirte con franqueza cuál de los dos caminos tiene sentido. En ambos casos el asesoramiento de un abogado penalista ayuda a valorar riesgos y soluciones, a revisar si la póliza de responsabilidad civil de directivos ofrece cobertura para el coste de la defensa y a mantener el apoyo jurídico de principio a fin. Esa visión del ámbito penal y del mercantil a la vez es la que pide un asunto de este tipo.

Lo que dicen quienes ya han confiado en mí

4,9
Excelente
Basado en 129 reseñas en Google
TheGamers [M]
hace 1 mes
Ha sido un placer contar con usted y le estoy muy agradecido por su dedicación y por el resultado
Trinidad Pérez
hace 1 mes
Álvaro es un excelente abogado, profesional, empático y cercano. Me atendió con paciencia, sin prisas y solventó todas y cada una de mis dudas.
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hace 6 meses
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David Martinez Pallares
hace 8 meses
Gran abogado penalista. Nos solucionó un asunto grave, y salió todo de la mejor forma. Muchas gracias por tu dedicación.

Lo que más preguntan sobre los delitos societarios

¿Puede el juzgado perseguir un delito societario de oficio?

Por regla general no. El artículo 296 exige denuncia de la persona agraviada o de su representante legal, y solo permite al Ministerio Fiscal denunciar cuando el agraviado es menor de edad, persona con discapacidad necesitada de especial protección o desvalida. La excepción es que los hechos afecten a los intereses generales o a una pluralidad de personas, en cuyo caso no se necesita denuncia. Es un filtro que los abogados de derecho penal conocen bien y que conviene comprobar antes de nada.

¿Es delito que no me dejen ver las cuentas de mi sociedad?

Puede serlo. El artículo 293 castiga con multa de seis a doce meses a quienes administran la sociedad y sin causa legal nieguen o impidan a un socio el ejercicio de los derechos de información, participación en la gestión, control de la actividad social o suscripción preferente de acciones reconocidos por las leyes. Antes de acudir a la vía penal es mejor haber pedido esa información de forma fehaciente. Un abogado especialista en derecho penal económico te dirá si el requerimiento previo está bien hecho.

¿Sigue existiendo el delito de administración desleal societaria?

El artículo 295, que la castigaba dentro de este capítulo, fue suprimido por la reforma de 2015. La conducta no quedó impune: se persigue hoy por el artículo 252 como delito común de administración desleal, aplicable a cualquiera que administre un patrimonio ajeno. Muchos textos siguen citando el 295 como si estuviera en vigor. Por eso los abogados revisamos siempre la fecha de los hechos: en los anteriores a julio de 2015 hay que comparar cuál de las dos regulaciones resulta más favorable.

¿Cuándo un acuerdo social se convierte en delito?

El artículo 291 exige cuatro cosas a la vez: que el acuerdo sea abusivo, que se imponga prevaliéndose de la situación mayoritaria, que haya ánimo de lucro propio o ajeno en perjuicio de los demás socios, y que no reporte beneficio a la sociedad. Sin esos cuatro elementos el acuerdo podrá impugnarse por la vía mercantil, pero no constituye delito. La imposición de un acuerdo que beneficia a la compañía, aunque no guste al minoritario, no es delito, y cualquier abogado debería decírtelo antes de presentar una querella.

¿Qué es una mayoría ficticia?

La que se obtiene por abuso de firma en blanco, atribuyendo el derecho de voto a quien legalmente carece de él, negándoselo ilícitamente a quien lo tiene reconocido por la ley o por cualquier medio semejante. El artículo 292 castiga con la pena del 291 a quien impone o se aprovecha de un acuerdo lesivo adoptado así. En la práctica, los abogados lo acreditan con las actas, el libro registro de socios y la comunicación entre las partes.

¿Se aplica solo a sociedades mercantiles?

No. El artículo 297 define sociedad, a efectos de este capítulo, como toda cooperativa, Caja de Ahorros, mutua, entidad financiera o de crédito, fundación, sociedad mercantil o cualquier otra entidad de análoga naturaleza que participe de modo permanente en el mercado. El alcance es mucho más amplio de lo que suele suponerse. Lo mismo vale para una fundación o una cooperativa con proyectos en marcha y un interés económico real en el mercado.

¿Qué diferencia hay entre administración desleal y apropiación indebida?

La administración desleal castiga a quien, teniendo facultades para administrar bienes ajenos, se excede en su ejercicio y causa un perjuicio de esa manera: hacer pagos con dinero de la empresa por gastos que no le corresponden, por ejemplo. La apropiación indebida castiga a quien se queda con dinero o bienes que recibió con obligación de entregarlos o devolverlos. La frontera es fina y la jurisprudencia del Tribunal Supremo, que es la referencia, la ha ido perfilando caso a caso, así que la calificación se decide con los documentos delante, no con la etiqueta que traiga la querella.

¿Cuánto tiempo hay para denunciar un delito societario?

Por regla general, estos delitos prescriben a los 5 años, porque ninguna de sus penas de prisión supera los tres años y el Código Penal fija ese plazo para los delitos de esa gravedad. El cómputo empieza cuando se comete el hecho, por ejemplo al formular un balance falseado o al adoptar el acuerdo abusivo, y se interrumpe cuando el procedimiento se dirige contra el responsable. Si dudas de si un hecho antiguo sigue siendo perseguible, conviene revisarlo cuanto antes con un abogado penalista especialista en estos delitos, porque cada mes cuenta. Un balance formulado hace más de 5 años, por regla general, ya no es perseguible por esta vía.

¿Puede el socio perjudicado pedir la responsabilidad civil en el proceso penal?

Sí. Salvo que se renuncie a ella o se reserve para un pleito civil aparte, la acción civil se ejercita junto con la penal, y la sentencia condenatoria fija la indemnización por el perjuicio causado. Por eso, como abogado penalista de la acusación particular, exijo que el perjuicio esté bien cuantificado con una pericial económica; y desde la defensa, discutir esa cuantificación es tan importante como discutir el delito. Una absolución penal, además, no siempre cierra después la vía civil.

¿Qué pasa si ya hay un pleito mercantil abierto entre los socios?

Pueden convivir, pero no siempre en paralelo. Si en la vía penal se investigan hechos que resultan decisivos para resolver el pleito mercantil, la Ley de Enjuiciamiento Civil permite suspender el procedimiento civil hasta que termine el penal, lo que se conoce como prejudicialidad penal. Eso tiene consecuencias tácticas para las dos partes: retrasos, presión en la negociación y peligro de resoluciones contradictorias. Antes de presentar una querella con un pleito mercantil en marcha, conviene estudiar con un abogado penalista si la vía penal aporta algo en ese ámbito o solo alarga la disputa.

¿Qué necesito para la primera consulta?

Para la cita en el despacho de Murcia, lo esencial es la documentación que explica la relación entre los socios: estatutos y pactos parasociales, actas de Junta, balances depositados, requerimientos enviados por burofax y sus respuestas, y los contratos y facturas que te parezcan sospechosos. No hace falta que esté ordenado; esa revisión la llevo a cabo yo y es parte de mis servicios. Todo lo que me cuentes se trata con privacidad y secreto profesional. Con ese material, en la primera consulta te explico si el asunto tiene recorrido penal, qué alternativas mercantiles hay y cuál sería el siguiente paso, con un presupuesto por escrito antes de comprometerte.

¿Y si me denuncian solo para presionarme en la negociación con mis socios?

La experiencia demuestra que ocurre con frecuencia: una querella usada como arma en una ruptura societaria. La defensa pasa por demostrar que los hechos son mercantiles, que falta alguno de los elementos del tipo o que el querellante no está legitimado para denunciar. Si además se imputan a sabiendas hechos falsos, puede valorarse una acción por acusación y denuncia falsa una vez archivado el asunto con firmeza. Mientras tanto, conviene no mezclar la estrategia penal con la negociación sin asesoramiento: lo que se ofrece o se firma en esa mesa puede acabar aportado a la causa.

Cuéntame qué está pasando en la sociedad.

Actas, cuentas depositadas, requerimientos de información y lo que se haya contestado a ellos. Con ese material se ve si el caso tiene recorrido penal o si conviene pelearlo en lo mercantil, que muchas veces es más rápido y más eficaz, y si además concurre alguna figura vecina como la apropiación indebida o la administración desleal. Lo reviso antes de plantear nada. Como abogado penalista en Murcia, y con la mirada de un especialista en derecho penal económico, te propongo una opción clara: qué servicios necesitas y cuáles no.

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