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Abogado de
extradición y euroórdenes en Murcia

Cuando la reclamación llega de otro país todo cambia de sitio: el procedimiento se ventila en la Audiencia Nacional, los plazos se cuentan en horas y la primera decisión (consentir o no la entrega) es irrevocable. Ser español protege frente a una extradición clásica, pero no frente a una euroorden. Como abogado de extradiciones en Murcia y Alicante, trabajo las dos vías y también las alertas internacionales que las preceden. Mi despacho está en Murcia y tengo oficina en Alicante: desde ahí preparo la defensa con la persona reclamada o con su familia y me desplazo a la Audiencia Nacional cuando el procedimiento lo exige.

72 horas

Para pasar a disposición del Juez Central de Instrucción (art. 50.2)

60 días

Plazo máximo para resolver si no se consiente la entrega (art. 54)

10 días

Si se consiente la entrega, desde la audiencia (art. 54)

Art. 3.1

La Ley de Extradición Pasiva no permite extraditar a españoles

Ser español no te protege de una euroorden

Es la confusión más cara de esta materia. El artículo 3.1 de la Ley 4/1985 es tajante: no se concederá la extradición de españoles, ni la de extranjeros por delitos que corresponda conocer a los tribunales españoles. Si se deniega por ese motivo, España puede juzgar aquí los hechos a instancia del Estado donde se cometieron. Para el ciudadano español la protección frente a terceros países es real, pero la defensa tiene que invocarla bien y a tiempo.

La orden europea de detención y entrega funciona con otras reglas. La nacionalidad española no figura entre sus motivos de denegación, así que un español puede ser entregado a otro Estado miembro. Lo que sí reconoce el artículo 51.2 de la Ley 23/2014 es un derecho que se ejerce en la propia audiencia: si la persona detenida es española o residente en España, se le oye también sobre si solicita ser devuelta a España para cumplir aquí la pena que pudiera imponerle el Estado de emisión. Es una petición que se hace en ese momento, no después.

Extradición y euroorden

Dos instrumentos distintos para lo que parece lo mismo

Que a alguien lo reclamen desde fuera puede significar dos cosas muy distintas según de dónde venga la petición. Los umbrales, los motivos de denegación y los plazos no coinciden, y confundirlos cuesta caro. Por eso lo primero que hago en cada caso es identificar el instrumento que se está aplicando, porque de él dependen la estrategia de defensa y el calendario.

Euroorden u OEDE (Ley 23/2014)

La orden europea de detención y entrega, conocida por sus siglas OEDE, es una resolución judicial dictada en un Estado miembro para que otro detenga y entregue a una persona reclamada, sea para juzgarla o para que cumpla una condena. Se dicta cuando el hecho tiene pena máxima de al menos doce meses, o cuando la condena pendiente no baja de cuatro meses. Circula entre autoridades judiciales, sin intervención de los gobiernos, y por eso es mucho más rápida. Es la pieza central de la cooperación judicial penal dentro de la Unión Europea.

Extradición (Ley 4/1985)

La vía clásica con países de fuera de la Unión Europea, regida por los tratados y por el principio de reciprocidad. Exige que el hecho esté castigado en ambos países con pena no inferior a un año en su grado máximo, o que la condena a cumplir no baje de cuatro meses. Tiene una fase judicial y una decisión final del Gobierno, y no cabe contra españoles. Si es al revés, y son nuestros tribunales los que piden a otro país a una persona, se habla de extradición activa.

Los delitos de la lista

El artículo 20 enumera las categorías que no pasan el control de doble tipificación: organización delictiva, terrorismo, trata de seres humanos, explotación sexual de menores, tráfico de drogas, de armas, corrupción o fraude, entre otras. Si el delito está en esa lista y en el Estado de emisión se castiga con al menos tres años, la entrega se acuerda sin comprobar si aquí también es delito.

Lo que nunca se extradita

El artículo 4 de la Ley de Extradición Pasiva excluye los delitos de carácter político (sin considerar como tales el terrorismo, los crímenes contra la humanidad ni el atentado contra un Jefe de Estado), los delitos militares tipificados en la legislación española, los cometidos por medios de comunicación en el ejercicio de la libertad de expresión y los perseguibles solo a instancia de parte, con las excepciones que el propio artículo enumera. Tampoco se concede cuando la persona va a ser juzgada por un tribunal de excepción o cuando la responsabilidad criminal se ha extinguido, por ejemplo por prescripción, conforme a la legislación española o a la del país que reclama.

Cómo se trabaja

El consentimiento, los motivos de denegación y el retorno

Aquí no se discute si alguien cometió un delito: eso lo juzgará el país que reclama. Se discute si la entrega procede y en qué condiciones, y buena parte se decide en las primeras horas. Aun así, en la defensa de mis clientes reviso las acusaciones con detalle: una descripción vaga de las conductas o del crimen imputado puede impedir comprobar la doble incriminación o delimitar el principio de especialidad.

01

Consentir es irrevocable

En la audiencia se pregunta primero si se consiente la entrega, y ese consentimiento no se puede retirar. Suele ir además acompañado de la renuncia al principio de especialidad, que es la garantía de no ser juzgado por hechos distintos de los que motivaron la reclamación. Es la decisión más importante del procedimiento y se toma con muy poca información encima de la mesa, así que más vale tomarla asesorado. Aquí es donde más se nota la experiencia de los abogados penalistas que conocen esta materia: el consejo tiene que llegar antes de que la persona responda.

02

Los motivos de denegación, uno a uno

La norma los reparte entre los preceptivos del artículo 32, los potestativos del 33 y los específicos del 48: cosa juzgada en España o en otro Estado miembro, indulto, resoluciones dictadas sin que el reclamado compareciera en el juicio. Ese último es el más frecuente en la práctica, y el artículo 49 permite denegar la entrega salvo que se garantice un nuevo juicio o un recurso una vez entregado.

03

Pedir el retorno para cumplir en España

Si la persona reclamada es española o residente en España, el artículo 51.2 obliga a preguntarle si quiere ser devuelta para cumplir aquí la condena que le imponga el Estado de emisión. No es un trámite menor: cambia dónde se van a pasar los años de condena, con lo que eso supone en arraigo, familia y acceso a los beneficios penitenciarios. Y se pide en la audiencia. Para muchas familias de Murcia y de Alicante es la diferencia entre visitar a su familiar en un centro penitenciario cercano o tener que viajar a otro país.

Cuadro de referencia

Qué exige y cuánto dura cada procedimiento

Las cifras que gobiernan estos procedimientos. Las de la OEDE se cuentan desde la detención y son improrrogables salvo la excepción que la propia norma prevé. Por eso la asistencia letrada al detenido desde el primer momento es decisiva.

NormaConceptoCifra
Art. 50.2 Ley 23/2014Puesta a disposición del Juez Central de Instrucción72 horas desde la detención
Art. 51.1 Ley 23/2014Audiencia con Fiscal, abogado e intérprete72 horas desde la puesta a disposición
Art. 54 Ley 23/2014Resolución si se consiente la entrega10 días desde la audiencia
Art. 54 Ley 23/2014Resolución si no se consiente60 días, prorrogables 30 más
Art. 37 Ley 23/2014Umbral para dictar una euroordenPena máxima de 12 meses, o condena de 4 meses
Art. 47.1 Ley 23/2014Entrega sin control de doble tipificaciónDelito de la lista del art. 20 con pena de 3 años
Art. 2 Ley 4/1985Umbral de la extradiciónPena de 1 año en grado máximo, o condena de 4 meses

Todo esto se sustancia ante la Audiencia Nacional, en Madrid, y no ante los juzgados de Murcia o de Alicante: la competencia corresponde al Juez Central de Instrucción, y al Juzgado Central de Menores cuando el reclamado tiene entre catorce y dieciocho años, en cuyo caso el plazo de puesta a disposición se reduce a veinticuatro horas. La Audiencia Nacional resuelve, pero la persona reclamada vive en Murcia o en Alicante, y es aquí donde se reúne la prueba de su arraigo en España.

Cómo trabajo tu asunto

De la detención a la decisión sobre la entrega

Antes de la detención

Muchas reclamaciones se conocen antes de ejecutarse, por una alerta internacional o porque el interesado sabe que hay un procedimiento abierto fuera. Ese margen permite preparar la posición y, en su caso, comparecer de forma voluntaria en lugar de ser detenido en una frontera. En esa fase se puede estudiar el expediente en el despacho, con un abogado del país que reclama si hace falta, comprobar si la orden sigue vigente y preparar la comparecencia con toda la documentación.

Las primeras 72 horas

Detención, traslado y puesta a disposición del Juez Central de Instrucción. Es cuando hay que decidir la postura sobre el consentimiento y sobre la solicitud de retorno, y cuando hay que tener ya localizada la documentación del procedimiento extranjero. También se decide entonces si se pide la libertad provisional, y cada dato sobre el arraigo en España cuenta para evitar la prisión.

La audiencia y los motivos

Con Ministerio Fiscal, abogado e intérprete si hace falta. Se alegan las causas de denegación que concurran y se pide, si procede, el cumplimiento en España. De esta comparecencia sale el marco de todo lo que viene después. Es el momento en que los derechos de la persona reclamada se hacen valer o se pierden.

Resolución y entrega

Diez días si hubo consentimiento, sesenta si no lo hubo, con posible prórroga de treinta. Si la entrega se acuerda, quedan por trabajar las condiciones: el principio de especialidad, el cómputo del tiempo ya cumplido y el retorno para el cumplimiento. Aunque el proceso termine aquí, la defensa continúa vigilando que el país de emisión respete esas condiciones.

¿Hay una orden internacional contra ti o contra un familiar?

Los plazos corren desde la detención y la primera decisión no tiene marcha atrás. Cuéntame la situación cuanto antes. Estudio tu caso en el despacho, con cita previa, y te explico qué margen hay.

Qué está en juego

Lo que decide una reclamación internacional

Artículo 3.1 de la Ley 4/1985

La nacionalidad

No se concede la extradición de españoles, y la condición de nacional se aprecia en el momento de decidir, siempre que no se haya adquirido para hacer imposible la entrega. Frente a un país de fuera de la Unión Europea es la defensa más sólida que existe; frente a una OEDE, no opera.

Artículo 51.2 de la Ley 23/2014

Dónde se cumple la condena

El español o residente en España tiene derecho a que se le pregunte si quiere volver a cumplir aquí la condena que le imponga el Estado de emisión. Decide en qué país se pasan los años de prisión, y se plantea en la audiencia, no cuando ya hay sentencia. Es otro punto en el que se nota la experiencia del abogado, porque la solicitud tiene que ir bien fundada desde el primer momento.

Artículo 51.3 de la Ley 23/2014

El principio de especialidad

Garantiza que no se juzgue al entregado por hechos distintos de los que motivaron la reclamación. Al consentir la entrega puede renunciarse a él, y esa renuncia consta en el acta. Es una de esas decisiones cuyo alcance no se aprecia hasta mucho después.

Artículo 47.1 de la Ley 23/2014

La doble tipificación

Fuera de la lista del artículo 20 hay que comprobar que el hecho también es delito en España. Dentro de ella, y con pena de al menos tres años en el país que reclama, la entrega se acuerda sin ese control. Saber en qué lado cae el caso define toda la estrategia. Es un análisis que hago en cada caso con la documentación que envía el país reclamante, y que a menudo exige trabajar en equipo con abogados de ese país.

Órdenes internacionales y detenciones en la Región de Murcia

Muchas reclamaciones se materializan aquí: una notificación de Interpol que salta en un control de carretera, una detención en el aeropuerto de Corvera o en un alojamiento de la costa. Aunque el procedimiento se resuelve después en la Audiencia Nacional, la primera asistencia se presta donde se produce la detención, y en esas primeras horas se decide si se consiente la entrega, algo que no tiene marcha atrás. Desde el despacho de Murcia y la oficina de Alicante preparo la defensa de quien ha sido detenido aquí y la llevo después ante la Audiencia Nacional.

Cómo elegir entre los mejores abogados penalistas para un procedimiento de extradición

Una orden internacional no es una cuestión abstracta de derecho internacional: es un asunto de derecho penal con plazos de horas, y la persona reclamada necesita a alguien que maneje el Código Penal, la Ley de Enjuiciamiento Criminal y las dos normas que regulan la cooperación judicial. Los mejores abogados para un asunto así no son necesariamente los más conocidos, sino los que dominan esas normas. No confundas a los abogados especialistas en extranjería o en derecho internacional privado con quien conoce la defensa penal: aquí se discute una privación de libertad. Si estás buscando entre abogados penalistas para tu caso, fíjate en tres cosas. La primera, que la defensa pueda intervenir desde las primeras horas, porque ahí se decide el consentimiento. La segunda, especialización real: abogados especialistas en derecho penal que conozcan cómo trabaja la Audiencia Nacional, sepan leer una solicitud extranjera y detecten si falta la doble incriminación. La tercera, transparencia: honorarios pactados por escrito en hoja de encargo y un presupuesto claro antes de empezar. Más que promesas de excelencia, pide datos verificables. Los míos son estos: una trayectoria dedicada en exclusiva al derecho penal desde 2015, graduado en Derecho por la UCAM y licenciado en Criminología por la Universidad de Murcia, y colegiado en el ICAMUR (n.º 8023) y en el ICAM (n.º 131239). En el despacho trabajo cada asunto con rigor y con compromiso con los intereses de quien me lo confía, sin prometer resultados: ninguno de los mejores abogados penalistas puede garantizarlos.

Salud pública, fraude y violencia de género en las reclamaciones europeas

Entre las peticiones de cooperación que se tramitan por la orden europea de detención y entrega (OEDE) aparecen con frecuencia los delitos contra la salud pública, es decir, el tráfico de drogas, que figura en la lista del artículo 20 y por eso no pasa por el control de doble incriminación. También son habituales las acusaciones de fraude, corrupción o blanqueo dirigidas contra administradores de empresas, en las que la petición puede ir acompañada de resoluciones de embargo o decomiso sobre bienes y patrimonio situados en España, o de aseguramiento de pruebas, que la legislación vigente permite reconocer y ejecutar aquí. En el ámbito de la violencia de género, la Ley 23/2014 regula también la orden europea de protección, que traslada a otro Estado miembro las medidas acordadas a favor de la víctima. Hay incluso órdenes que nacen de un divorcio conflictivo, cuando uno de los progenitores se traslada con los hijos y el otro país persigue la sustracción de menores. Cada caso pide una defensa distinta, y a veces especialistas en el derecho del otro país: no se discute igual una acusación por drogas que un conflicto familiar con dimensión transfronteriza.

Derechos de la persona detenida por una orden internacional

Quien es detenido en España por una orden internacional tiene los mismos derechos básicos que cualquier detenido: a ser informado de la causa, a guardar silencio, a la asistencia de abogado y a intérprete si no entiende el idioma. A ellos se suman los propios de este proceso: conocer el contenido de la orden, ser informado de la posibilidad de consentir y de sus consecuencias y, en la OEDE, designar también abogado en el Estado de emisión para que apoye la dirección letrada en España. Por eso lo razonable es que la defensa funcione como un equipo con un abogado del país que reclama: él aporta el expediente de origen y aquí se trabaja la oposición ante la Audiencia Nacional. Mientras dura el proceso cabe pedir la libertad provisional con medidas como la retirada del pasaporte o comparecencias periódicas, en lugar de la prisión provisional, y el juez valora el arraigo. Si se trata de un ciudadano extranjero con residencia en España, ese arraigo pesa también en la solicitud de cumplimiento aquí.

Extradición pasiva con Estados Unidos y otros países de fuera de la Unión

En la extradición pasiva con terceros países el procedimiento de extradición tiene dos fases. Primero, el Gobierno decide si da curso judicial a la solicitud. Después, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional resuelve si la extradición procede y, si el auto es favorable, el Gobierno conserva la última palabra: puede denegarla por razones de soberanía, reciprocidad, seguridad, orden público u otros intereses esenciales de España. Con Estados Unidos y con los demás Estados con los que España tiene tratado bilateral, el tratado fija qué delitos dan lugar a la extradición y qué documentación debe acompañar la solicitud; donde no hay tratado se aplica el principio de reciprocidad. Contra el auto de la Sección cabe recurso de súplica ante el Pleno de la Sala de lo Penal, sin que intervenga el Tribunal Supremo, y agotada esa vía queda el recurso de amparo. A lo largo de todo el procedimiento de extradición, el Código Penal sirve de referencia para comprobar la doble incriminación: el hecho tiene que ser delito aquí y en el país que reclama.

Opiniones de clientes

Lo que dicen quienes ya han confiado en mí

4,9
Excelente
Basado en 129 reseñas en Google
TheGamers [M]
hace 1 mes
Ha sido un placer contar con usted y le estoy muy agradecido por su dedicación y por el resultado
Trinidad Pérez
hace 1 mes
Álvaro es un excelente abogado, profesional, empático y cercano. Me atendió con paciencia, sin prisas y solventó todas y cada una de mis dudas.
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oliver hadfield
hace 6 meses
Álvaro ha sido atento, profesional y claro en la comunicación durante todo el procedimiento. Responde con rapidez, explica bien cada paso y se nota que conoce a fondo la materia. Mi frustración con el proceso ha sido siempre con la lentitud del sistema judicial español, nunca con su trabajo. Lo recomiendo sin dudas.
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Julian Mesa Entrena
hace 7 meses
Álvaro, gracias por resolver con rapidez y profesionalidad. Desde el principio has transmitido confianza y seguridad de que el asunto está en buenas manos. Te recomendaré siempre que tenga ocasión. Te deseo muchos éxitos.
David Martinez Pallares
hace 8 meses
Gran abogado penalista. Nos solucionó un asunto grave, y salió todo de la mejor forma. Muchas gracias por tu dedicación.
Preguntas frecuentes

Lo que más preguntan sobre extradición y euroorden

¿Pueden extraditar a un español?

El artículo 3.1 de la Ley 4/1985 lo prohíbe expresamente: no se concederá la extradición de españoles ni de extranjeros por delitos que corresponda conocer a los tribunales españoles. La nacionalidad se aprecia en el momento de resolver y siempre que no se haya adquirido con el propósito fraudulento de impedir la entrega. En su lugar, España puede juzgar aquí los hechos si lo pide el Estado donde se cometieron.

¿Y entregarlo por una euroorden?

Sí. La nacionalidad española no figura entre los motivos de denegación de la orden europea de detención y entrega. Lo que sí prevé el artículo 51.2 es que al detenido español o residente en España se le pregunte si solicita ser devuelto para cumplir en España la pena que pueda imponerle el Estado de emisión.

¿Qué diferencia hay entre extradición y euroorden?

La euroorden opera entre Estados miembros de la Unión Europea, circula directamente entre autoridades judiciales y se resuelve en plazos de días. La extradición se aplica con terceros países, se rige por los tratados y el principio de reciprocidad, tiene una fase gubernativa además de la judicial y no permite entregar a nacionales. Los umbrales también difieren.

¿Cuánto tarda una euroorden?

El artículo 54 impone tramitación urgente: si la persona consiente la entrega, la resolución se adopta en los diez días siguientes a la audiencia; si no consiente, el plazo máximo para una resolución firme es de sesenta días desde la detención, prorrogables por otros treinta cuando existan razones justificadas.

¿Conviene consentir la entrega?

Depende del caso, pero hay que saber dos cosas antes de decidir: el consentimiento es irrevocable y suele ir unido a la renuncia al principio de especialidad, que es la garantía de no ser juzgado por hechos distintos de los reclamados. Consentir acelera mucho el procedimiento, y en algunos casos interesa; en otros cierra puertas que no vuelven a abrirse.

¿Dónde se tramita todo esto?

Ante la Audiencia Nacional. La persona detenida se pone a disposición del Juez Central de Instrucción en un máximo de setenta y dos horas, y la audiencia se celebra en las setenta y dos horas siguientes. Si el reclamado tiene entre catorce y dieciocho años, la competencia es del Juzgado Central de Menores y el plazo de puesta a disposición se reduce a veinticuatro horas.

¿Qué diferencia hay entre extradición activa y pasiva?

La extradición pasiva es cuando otro país reclama a una persona que se encuentra en España, y es la que regula la Ley 4/1985. La extradición activa es la contraria: cuando España pide a otro Estado la entrega de alguien reclamado por la justicia española. Esta página trata sobre todo la pasiva y la euroorden, que son las que afectan a quien es detenido aquí; la activa se tramita a través de los tribunales españoles y de los canales de cooperación judicial internacional.

¿Pueden extraditar a un país con pena de muerte?

No sin garantías. El artículo 4.6 de la Ley 4/1985 impide conceder la extradición cuando el Estado reclamante no ofrece garantías suficientes de que no se ejecutará la pena de muerte, o una pena que atente contra la integridad corporal o someta a trato inhumano o degradante. Es un motivo de denegación que se invoca en reclamaciones de países que mantienen esa pena, como Estados Unidos, y se trabaja aportando la normativa y la práctica del país que reclama.

¿Necesito un abogado en Murcia si la extradición se ve en Madrid?

Sí. El procedimiento se resuelve en la Audiencia Nacional, pero la preparación se hace antes y con la persona reclamada o su familia: reunir la documentación, decidir sobre el consentimiento y, si es español o residente, pedir el retorno para cumplir la pena en España. Esa parte se atiende desde Murcia y Alicante, con desplazamiento a Madrid para la comparecencia.

¿Puedo quedar en libertad mientras se tramita la extradición?

Es posible. Tras la puesta a disposición, el Juez Central de Instrucción decide sobre la situación personal: prisión provisional o libertad provisional con medidas cautelares como la retirada del pasaporte, la prohibición de salir de España o comparecencias periódicas. Pesan el arraigo (domicilio, trabajo, familia), el riesgo de fuga y la gravedad de lo reclamado. Por eso, en cada caso, conviene llegar a esa comparecencia con documentación que acredite la vida que la persona tiene en Murcia o en Alicante, y no limitarse a pedirla de palabra.

¿Qué hago si sé que hay una orden de Interpol contra mí?

No esperar a la detención. Lo primero es averiguar qué país ha emitido la orden, por qué delito y si se trata de una notificación roja de Interpol, de una OEDE o de una solicitud de extradición. Con esa información se valora, caso por caso, si conviene comparecer de forma voluntaria, reunir la documentación de arraigo y anticipar los argumentos de oposición. En algunos supuestos puede pedirse además la revisión de la notificación ante la Comisión de Control de los Ficheros de Interpol. Cuanto antes se estudie en el despacho, más margen hay.

¿Qué ocurre si el delito ha prescrito?

En la extradición con terceros países, la normativa de extradición pasiva impide conceder la extradición cuando la responsabilidad criminal se ha extinguido, y la prescripción es una de las formas de extinción, tanto si se aprecia con la legislación española como con la del país que reclama. Por eso conviene calcular en cada caso los plazos con las dos normativas y con las fechas reales de los actos de interrupción. En la OEDE la prescripción según nuestro derecho solo opera, con carácter general, cuando los tribunales de aquí también podían conocer de esos delitos.

Cuéntame de dónde viene la reclamación.

Qué país reclama, por qué hechos, si hay ya una detención practicada y en qué fecha, y si existe alguna resolución dictada sin que el reclamado estuviera presente. Con esos datos se ve qué instrumento se está aplicando, qué causas de denegación caben y qué plazos corren. En esta materia el tiempo juega en contra desde el primer minuto. Estudio cada caso de forma individual y, antes de empezar, pacto con mis clientes los honorarios por escrito en una hoja de encargo con un presupuesto claro.

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